Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Según el informe Focus del Banco Central de Brasil de la semana pasada, la expectativa de crecimiento del PIB es de 0,34% en 2017 y 2% en 2018. Estos números empezaron a mostrar signos positivos desde julio con la aprobación de la reforma laboral que entrará en vigencia el próximo 11 de noviembre, que pone fin a rigideces de un sistema de más de setenta años de vigencia.
Flexibilidad para tercerización de servicios y trabajo intermitente, por períodos de inactividad durante el año, algo habitual en las actividades estacionales.
Legalización del teletrabajo (home office), o trabajo fuera de las dependencias del empleador. La jornada no está limitada a 8 horas por día, y el régimen no excluye los casos en que recurrentemente el trabajador deba presentarse físicamente en la empresa.
Trabajo a tiempo parcial: limitado a 30 horas por semana o 26 horas más 6 horas extra por semana (antes era de hasta 25 horas).
Banco de horas: puede ser pactado entre partes por escrito.
Prelación de acuerdos individuales sobre esta ley en los casos de trabajadores con título universitario y sueldo mayor o igual a dos veces el límite máximo del Régimen General de Seguridad Social. Esto es, un ingreso salarial mensual superior a los R$ 11.062,62 ?algo más de U$S 5.000?.
Prevalencia de convenciones colectivas sobre esta ley, en cuestiones sobre: jornada laboral (de hasta 12 horas por día y 220 mensuales), división de período de vacaciones (en hasta 3 partes), banco de horas, descanso en la jornada laboral (mínimo de 30 minutos para jornadas de 6 o más horas diarias), cambio de días de franco, plan de tareas, teletrabajo desde el hogar, remuneración por productividad y desempeño, participación en las ganancias, reducción de salarios como sustituto de despidos sin motivo. Se mantienen como derechos no negociables: cobro de aguinaldo, aportes a la seguridad social, vacaciones, normas sanitarias, preaviso, condiciones de higiene y seguridad laboral.
Remuneración por productividad. En los casos en que sea pactada en un acuerdo colectivo, tiene prelación sobre la ley.
Contribución sindical voluntaria, no compulsiva.
Desaliento a la industria del juicio: el litigante de mala fe pagará una multa entre 1% y 10% del monto litigado. Las indemnizaciones por daño moral quedan limitadas a 50 veces el último salario, y en caso de ofensa gravísima.
Posibilidad de extinción de acuerdo laboral de mutuo acuerdo. Esto apunta a evitar los “falsos despidos”, práctica por la cual un empleado despedido devuelve al empleador la multa del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), y como contrapartida es elegible para percibir el seguro de desempleo.
Despidos sin motivo: los empleadores no requerirán autorización previa de los sindicatos o vía cláusulas de acuerdos colectivos para desprenderse de empleados. El período de preaviso se reduce de 30 a 15 días.
Actividades consideradas no laborales: dejan de formar parte de la jornada laboral paga el tiempo del empleado aplicado para el viaje desde su casa al lugar de trabajo, ni a actividades de estudio, prácticas religiosas, descanso, actividades sociales, alimentación, higiene personal, y cambio de uniforme o ropa de trabajo. Para el corto plazo no se descartan protestas, y cierto aumento de la litigiosidad. Para un horizonte de dos o más años, su efectividad dependerá de la reglamentación de esta legislación, así como de la nueva jurisprudencia laboral que se empiece a consolidar a partir del año próximo.
Los más optimistas esperan que contribuya a la creación de no menos de 1,5 millón de nuevos empleos, y una suba de la tasa de crecimiento del PIB de al menos un punto porcentual. Esto dependerá de las mejoras todavía pendientes en materia regulatoria y de reducción de la presión tributaria, y a un fuerte aumento de la confianza de inversores locales y extranjeros, especialmente en lo relacionado con inversión de largo plazo en obras de infraestructura.
En este frente, el equipo de Michel Temer sorprendió la semana pasada con el anuncio de asociaciones e inversiones (PPI), para privatizar la eléctrica Electrobras y la Casa de la Moneda, y ofrecer al sector privado la operatoria 16 aeropuertos, 15 puertos, explotaciones mineras en la Amazonia, la lotería estatal Lotex, y algunas autopistas. La concreción exitosa de este programa permitirá al fisco sumar ingresos por U$S 12.700 millones antes de fin de 2018.
Sin embargo, a pesar de la inicial bienvenida del mercado bursátil, se esperan dificultades de implementación en varios de estos anuncios. El propio Gobierno de Temer carga con no pocas sospechas de corrupción y de nexos todavía poco claros con la red Odebrecht, y quizás con otras por descubrir. Además, se tratan de anuncios de ideas elaboradas de manera secreta, sin participación ni debate abierto con el resto de la sociedad, y carentes de un plan de efectiva desregulación de mercados, salvo el laboral. Tampoco se observa ninguna agenda para la baja del llamado “costo Brasil” asociado a la presión tributaria, el costo financiero y los sobrecostos por la creciente inseguridad física en varios estados.
Queda ahora en manos del Gobierno el avance efectivo, cualesquiera sean las reacciones ante estos anuncios. No son pocos los entusiastas que los perciben como la “señal” para animar a otros países de la región a apurar reformas promercado o de apertura comer comercial. Pero tampoco escasean los que sostienen que los anuncios de Temer no son más que un acto de distracción, limitado a liquidar activos para financiar gastos corrientes, y terminar su mandato sin turbulencias. En definitiva, una “salto adelante” efectivo para ganar tiempo, pero de resultado bastante más incierto que lo anunciado por los funcionarios del gobierno brasileño.
