La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, arremetió la semana pasada contra los gobernadores de las demás provincias con la demanda histórica por una mayor participación en la distribución secundaria de los recursos coparticipables que contribuya a revertir el déficit de cuentas estructural que asecha a la provincia desde hace décadas.
Aunque el consenso en torno al diagnóstico es unánime entre los analistas y actores involucrados, la cifra ni la solución que propuso la gobernadora lo son. Por el contrario, los especialistas anteponen la necesidad de soluciones que aporten al conjunto de las provincias.
El reclamo
La injusticia que pesa sobre la provincia de Buenos Aires es harto conocida: aportando 40% de la riqueza argentina, conteniendo al mismo porcentaje de la población y con proporciones de pobreza y Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI) elevados, la participación del distrito en la distribución de fondos federales cayó de un pico de 25% en 1995 a 18,9% de 2015, por debajo incluso del 21% que fija la ley de coparticipación vigente, según el Ieral de la Fundación Mediterránea. Esto, principalmente por la aplicación del Fondo del Conurbano, que lejos de mejorar la situación, la empeoraron.
Los especialistas anteponen la necesidad de soluciones que aporten al conjunto de las provincias.
En ese marco, todo gobernador bonaerense (al igual que los de Córdoba, Santa Fe y otras provincias grandes) se vería beneficiado por un mayor peso en la distribución secundaria del criterio devolutivo (a cada distrito, según aporta) sobre el redistributivo (a cada uno, según necesita). Sin embargo, todos ellos, al igual que el consenso de los especialistas en la materia, (re)conocen la necesidad de buscar un equilibrio entre ambos criterios.
¿Qué salida tiene?
La coparticipación es un juego de suma cero. En la distribución primaria, lo que pierde la Nación lo ganan las provincias y viceversa; en la secundaria, lo que suma un distrito, se resta de lo que reciben los demás. Un informe del Iaraf echa luz sobre la vinculación entre el sistema en su conjunto y el problema bonaerense: los cambios en los criterios de distribución secundaria que beneficiarían a la provincia de Buenos Aires perjudicarían al mismo tiempo a al menos quince provincias (algunas de ellas, las de menos recursos del país) mientras que una derrota bonaerense ampliaría el presupuesto de al menos dieciocho distritos.
Un informe del Iaraf echa luz sobre la vinculación entre el sistema en su conjunto y el problema bonaerense: los cambios en los criterios de distribución secundaria que beneficiarían a la provincia de Buenos Aires perjudicarían al mismo tiempo a al menos quince provincias
Asimismo, otro informe del mismo instituto, aborda esta dificultad de encontrar soluciones para el caso particular del Fondo del Conurbano, del que hoy se beneficia menos la provincia de Buenos Aires que las demás jurisdicciones, gracias a la no actualización del techo de $ 650 M de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, sobre el cual deja de recibir Buenos Aires y empiezan a hacerlo las demás. En cuatro formas de reparto alternativas a la actual analizadas por el Iaraf, la administración hoy bajo Gobierno de Vidal aumenta entre 3,7% y 38,1% los recursos que recibe por esa vía, pero lleva a las demás provincias a caídas de entre 2% y 9% en lo que perciben por ese mecanismo.
Así, con un Gobierno y con provincias débiles en términos fiscales, la salida propuesta por Vidal (“una parte lo tiene que poner el Gobierno Nacional y otra parte, las provincias”, dijo) no es la que recomienda la mayoría de los analistas, que antepone la necesidad de reformar el régimen de coparticipación.
Más allá de su razón económica, la frase de Vidal se lee en el marco de la campaña. El reclamo esgrimido es transversal a todos los partidos bonaerenses y reúne fácilmente adherentes y rara vez opositores. De cara a la opinión pública del distrito, a su vez, el argumento tiene el atractivo de ubicarla como defensora de los bonaerenses en un distrito donde el Ejecutivo suele ser visto como un intermediario entre la población y la Nación.
