Un enfoque económico sobre el problema de las drogas

La desregulación de las drogas permitiría al Estado tener control y vigilancia directa sobre un mercado legalizado y que se haría transparente, atenuando sus efectos negativos

 

Por Alberto Veblen

 

La cuestión del narcotráfico acapara la atención y preocupación de la opinión pública a partir de la inseguridad que genera, los delitos asociados a la misma, su creciente injerencia en los ámbitos de la justicia, la política y las fuerzas de seguridad a partir de su poder económico. Hasta ahora, las alternativas tendentes a su erradicación a través de su combate con las fuerzas de seguridad no han tenido éxito ni en el plano internacional (el caso México es el más evidente) ni en el local.

 

Desde la visión de la economía, la cuestión de las drogas ha tenido un abordaje teórico no menor.  Gary Becker, premio Nobel de Economía, fue el que defendió la despenalización total de toda la cadena de la droga admitiendo que por razones prácticas recomendaba iniciarla por la etapa final de tenencia personal y consumo.

 

Otro gran premio Nobel de Economía, Milton Friedman, le decía en una carta abierta dirigida en 1990 a William Bennett, el principal referente de la lucha contra la droga en Estados Unidos: “Son precisamente las medidas que usted favorece la principal causa de los pecados que deplora. Por supuesto que la demanda es el problema, pero no sólo la demanda, sino la demanda que opera a través de la represión y de canales ilegales. La ilegalidad da lugar a obscenas utilidades que financian tácticas homicidas de los capos de la droga; la ilegalidad conduce a la corrupción de funcionarios encargados de aplicar la ley; la ilegalidad monopoliza los esfuerzos de los funcionarios honestos de que no cuentan con recursos para combatir delitos más evidentes como los atracos, los hurtos y los asaltos”. Han pasado más de un cuarto de siglo de esta afirmación pero no se hace más cierta que nunca.

 

Hasta ahora, las alternativas tendentes a su erradicación a través de su combate con las fuerzas de seguridad no han tenido éxito ni en el plano internacional

 

El principal fundamento esgrimido por estos dos grandes economistas en pro de la despenalización es que, al legalizarse, desaparecen los altos márgenes de ganancias de quienes operan en la clandestinidad, y todo pasaría a la superficie. De esa forma los carteles de la droga  dejarían de tener poder para actuar criminalmente, como lo hacen actualmente.

 

No solo se eliminaría el incentivo para el crimen sino que además ello permitiría suprimir los enormes gastos que los gobiernos destinan a combatir el narcotráfico. El Estado podría controlar su producción (otorgando concesiones a privados que tributarían un canon por la producción, distribución y comercialización como acontece actualmente en Uruguay con la marihuana) y, además, podría colocar algún impuesto específico. Con lo producido del canon y los impuestos, y con los ahorros por no tener que combatir el narcotráfico, se podrían realizar campañas de prevención y solventar el tratamiento y rehabilitación de los adictos. El ejemplo más típico fue la Ley Seca en Estados Unidos en la década del ‘20 del siglo pasado y de cómo, luego de su derogación, desapareció el crimen organizado que la prohibición había hecho florecer.

 

Por otro lado, al legalizarse la producción, distribución y comercialización, las plantaciones evolucionarán hacia procesos de cultivo extensivos y tecnificados, la refinación será industrial, eficiente, de calidad y a escala, y habría una logística moderna de distribución y comercialización, tanto mayorista como minorista. Los costos caerían así muy significativamente y la oferta se convertirá en una función elástica respecto del precio. Por cierto, en esa nueva situación el gobierno dispondría de espacio para introducir impuestos en todas las etapas, intentando evitar que toda esa reducción de costos se traslade a los precios finales pero sin castigar en demasía los precios de manera de no generar condiciones para la subsistencia del negocio ilegal.

 

El Estado podría controlar su producción y, además, podría colocar algún impuesto específico

 

Todo ello sin contar con las economías externas que se generarían al disminuir los índices de inseguridad al disminuir muchos de los delitos que son conexos al mantenimiento de la ilegalidad  de las drogas.

 

Los cuestionamientos a este enfoque economicista –y siempre desde un enfoque económico de oferta y demanda– sobre la problemática de las drogas es la de suponer que su legalización incrementaría el consumo de las mismas al supuestamente no existir ninguna traba al acceso a las mismas, generando un escenario de fomento del consumo social de drogas y, con ello, una necesidad de mayores recursos fiscales para poder atender la cuestión sanitaria. Pero este contraargumento parte del supuesto de que existe una demanda insatisfecha de consumo de drogas que no puede ser satisfecho en un escenario de ilegalidad. Y este es un supuesto cada vez de menor validez.

 

Lamentablemente la aplicación de la “solución liberal” a la problemática del consumo de drogas y del narcotráfico choca con los intereses que no quieren que el “excedente” que genera el negocio de la droga deje de “derramar” a la política, la Justicia y la seguridad, evitando que los Estados capten vía impuestos parte de la renta de este negocio e imposibilitando eficentizar el gasto en seguridad. De hecho, existe una estrategia global de prohibición mediante la cual todos los países miembros de la ONU se comprometen a legislar a favor de la prohibición de los narcóticos. En tal sentido, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIDE), organismo dedicado a la implementación de las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas, condenó la legalización de la marihuana en Uruguay y afirmó que: “La ley, que permitiría la venta de cannabis para usos no médicos, estaría en total contravención de la provisiones de los tratados internacionales de control de drogas, en particular la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, de la que Uruguay es parte”. Lo anterior significa que la legalización de las drogas es en principio una decisión ligada al orden internacional. Sin embargo, a pesar de las convenciones internacionales, no existen mecanismos para sancionar a los gobiernos sobre la liberalización del cannabis u otras drogas. El caso de Uruguay lo demuestra.

Existe una estrategia global de prohibición mediante la cual todos los países miembros de la ONU se comprometen a legislar a favor de la prohibición de los narcóticos

 

De acuerdo a la misma ONU, el tráfico de drogas genera sumas aproximadas entre $ 400 y 600.000 millones de dólares al año, es decir, entre el 8% al 12% del comercio global. Por lo tanto, la prohibición limita al Estado la recaudación directa del Fisco sobre aquellos impuestos derivados del mercado de las drogas. Además, los propios gobiernos a escala global gastan miles de millones de dólares para combatir el comercio de narcóticos sin presentar una ganancia económica, o social. Más aún, el gran peso del gasto en el combate contra las drogas lo podría absorber el sector de la salud pública dados los altos costos de los tratamientos y confinamiento de los consumidores. Por lo tanto, la regulación sobre los narcóticos impacta positivamente a las finanzas públicas desde una perspectiva de mayor recaudación fiscal, así como un ahorro substancial a los gastos derivados de una política pública prohibicionista más que educativa y preventiva.

 

La desregulación de las drogas permite al Estado tener control y vigilancia directa sobre un mercado legalizado y que se haría transparente, donde se atenúan los efectos negativos de una prohibición que impacta en la salud, la seguridad y las finanzas.

 

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