Por Rodrigo Alvarez Socio y director de Analytica Consultora
Uno de los mayores problemas heredados por Cambiemos reside en el elevado déficit de las cuentas públicas. El Gobierno optó por una estrategia gradual y hoy nos encontramos con un déficit financiero consolidado en torno al 7% del PIB. En paralelo, se observa un déficit en cuenta corriente de casi 4% del PIB junto con moderados niveles de inversión (16% proyectado a fin de año) ¿Es justo decir que nos estamos endeudando para financiar el gasto público y es insostenible?
Desde el punto de vista de la más estricta sostenibilidad externa, en Analytica somos conscientes del efecto de la carga tributaria sobre las exportaciones y, por ende, sobre la viabilidad de la estrategia de endeudamiento: sin superávit en cuenta corriente, Argentina puede incurrir en un ciclo stop-go si los flujos de deuda externa se viesen interrumpidos. Desde esta perspectiva, la reducción del gasto público debe ir acompañada por una quita de impuestos de manera de bajar el déficit y aumentar la generación genuina de divisas. Este es el objetivo de la reforma tributaria en ciernes.
Por otra parte, los niveles de inversión son bajos para sostener un crecimiento en torno al 3%. Sin embargo, los cambios macroeconómicos apuntan a resolver este problema sin afectar el ahorro externo: la reducción de la inflación junto con tasas de interés real positiva apuntan a una mejora del ahorro privado, actualmente en torno a 15-16% del producto, en moneda doméstica. De este modo sería posible financiar el incremento de la inversión y al mismo tiempo mantener los niveles de deuda externa (tanto pública como privada) relativamente estables.
Sin embargo, existe otra dimensión de la sostenibilidad: la social. Según datos de la Cepal, Argentina tiene junto a Brasil la mayor participación de gasto social en términos de producto (entre torno al 26% y 30% del PIB). La contracara es una pole position en América Latina en términos de desigualdad (segundo menor Gini detrás de Uruguay) y pobreza (segundo menor nivel por línea de ingresos comparables, apenas por encima del mismo país). A su vez, más del 80% de la carga tributaria se aplica a gasto social. Si a esto sumamos el gasto en infraestructura pendiente vemos que no sólo el gasto es rígido a la baja sino que también lo es la calidad de vida de la sociedad. Por supuesto que la situación es perfectible y la “pobreza cero” siempre es deseable, pero hay que poner la estructura social en contexto latinoamericano y entender los reclamos que surgen desde los distintos sectores los cuales consideran, justamente, estás conquistas como irrenunciables.
Teniendo en cuenta que el oficialismo no tiene mayoría en ninguna cámara legislativa y asumiendo que el Congreso representa la voz de los diferentes actores de la sociedad, el análisis de sostenibilidad “macro” (generación de divisas y stock de capital) debe incorporar la dimensión social al análisis. Esto no sólo es deseable teniendo en cuenta el objetivo de “pobreza cero” sino también incorporando la dimensión políticosocial al esquema de sostenibilidad. Un ajuste severo del gasto público es tanto indeseable como impracticable. El gradualismo parece ser la única opción, máxime teniendo en cuenta que los niveles de deuda pública (tanto externa cómo en manos del sector privado) son bajos en términos históricos y compradas regionalmente.
