Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
El 19 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Chile. En las primarias de julio, el frente “Chile Vamos” consagró como candidato al ex presidente Sebastián Piñera Echenique. A su vez, la coalición de izquierda “Frente Amplio” consagró la candidatura de la periodista Beatriz Sánchez Muñoz. Por su parte, la alianza gobernante Nueva Mayoría no realizó internas y presentará dos candidatos: los senadores Carolina Goic, de la Democracia Cristiana, y Sebastián Guillier, del Partido Radical Social Demócrata.
En noviembre ganará la presidencia el candidato que obtenga la mayoría absoluta (más de 50% de los votos). Si ninguno supera ese umbral, los dos primeros se enfrentarán en un balotaje el 17 de diciembre.
Las encuestas de julio indicaban que los candidatos con más predicamento son Guiller y Piñera. Sin embargo, se observa en las últimas semanas una visible mejora de la imagen de Sánchez Muñoz en el electorado.
El contexto
En buena medida esto obedece a la disconformidad con la gestión de la presidente Michelle Bachelet. En la medición al 4 de agosto se observa que el 64% de los potenciales votantes desaprueba la gestión de la actual mandataria, y el 18% aprueba el desempeño del actual gabinete de ministros. En cuanto a la reforma tributaria de 2016, vigente desde este año, el 25% de los encuestados afirmó estar de acuerdo y el 51% en desacuerdo. Valores no muy diferentes de rechazo se observan respecto de las reformas laboral y educativa del gobierno de Bachelet. Esto se refleja en la caída de su popularidad luego de escándalos y denuncias que involucraron a su hijo, y la derrota sufrida por Nueva Mayoría en las elecciones municipales del año pasado. Además, el Indice de Confianza Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez se encuentra en un nivel bajo (42,4 puntos), exhibiendo valores inferiores a 50 puntos desde marzo de 2014.
Esa desconfianza se profundizó luego de las idas y vueltas en torno del proyecto de reforma previsional de Bachelet. Este introduce en el régimen de capitalización un componente llamado “Nuevo Ahorro Colectivo”, a ser financiado con una contribución patronal de 5% sobre el salario bruto, a ser administrado por un ente estatal: el “Consejo de Ahorro Colectivo”. Sobre esos 5 puntos, en el largo plazo se destinarían 3 a capitalización individual y 2 a un régimen de reparto. Para no pocos economistas locales y del exterior, encarecería la contratación de trabajadores formales, y desalentaría la demanda de mano de obra. A su vez, el proyecto oficial incluye un seguro de longevidad por retiro programado para quienes no estén cubiertos por el llamado “Pilar Solidario” del régimen actual, que torna algo incierto el costo fiscal de esta reforma.
La economía
La economía real, a su vez, sigue mostrando signos de evidente debilidad. El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido negativo desde el año 2011. Por la caída del precio del cobre, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en 2015 y 2016. Se espera una recuperación del 0,8% para este año, pero el nivel acumulado sería inferior todavía al del año 2014. Las importaciones de bienes y servicios cayeron en el trienio 2014-16, esperándose un rebote positivo de apenas 1,5% para este año. A su vez, la tasa de crecimiento del PIB viene descendiendo de manera permanente desde el 6,1% observado en 2011. La tasa de crecimiento anual fue de 4,6% entre 2010 y 2012. Luego cayó a un promedio de 1,4% entre 2013 y 2016) y para este año el FMI pronostica un crecimiento aún menor: 0,6%.
La inversión bruta interna fija como porcentaje del PIB está en caída permanente: de 26,3% 2012 a 21,3% esperado para este año. La tasa de desempleo, en cambio, aumentó: de 5,9% en 2013 a un nivel estimativo de 7% para este año. Las cuentas fiscales, a su vez, no mejoran: los ingresos públicos totales pasaron de 22,6% del PIB en 2013 a un nivel estimativo de 23,2% en este año, y el gasto público aumentó de 23,7% del PIB en 2013, a 26,31% en 2017.
Es por eso que a nadie sorprendió la baja de la nota crediticia de Standard & Poor's para la deuda soberana chilena de “AA” a “A+” de julio pasado, siendo el primer downgrade en los últimos 25 años. Según esta agencia, la deuda neta del gobierno se aproximará a 11% del PIB en este año y crecerá hasta 2019. También ha sostenido que las necesidades de fondos externos superarán el 100% de los ingresos de la cuenta corriente y de las reservas internacionales líquidas en los próximos 3 años. Con un diagnóstico casi idéntico, la semana pasada la calificadora Fitch redujo la nota a la deuda soberana de Chile de “A+” a “A”.
Los inversores, por consiguiente, ahora empiezan a tener ciertas dudas sobre la estabilidad de las reglas de juego luego de más de tres décadas de gobiernos democráticos. Ambas calificadoras esperan un marco de políticas razonablemente disciplinadas y coherentes con indicadores de deuda y capacidad de pago compatibles con las actuales calificaciones. Las perspectivas de ambas agencias son algo más positivas para la actividad y el sector externo, en particular a partir de noviembre, después de las elecciones. Sin embargo, el traspaso de mando se concretará en marzo del año próximo. Recién a partir de entonces podrán conocerse las nuevas definiciones de política que permitirán eventualmente mejorar los indicadores macro y fiscales, y la percepción de los mismos dentro y fuera de Chile.
