Por la caída de las disputas en el sector privado, la conflictividad laboral se redujo 13% en el segundo trimestre de 2017 respecto del mismo período del año anterior. El dato se desprende del último informe de coyuntura del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y si bien puede ser interpretado en términos auspiciosos, también ofrece otra lectura.
Según señalaron los investigadores, la situación no refleja una mejora genuina del clima, sino todo lo contrario: está ligada al “proceso de destrucción de fuentes de trabajo”, que disuade a los trabajadores de impulsar reivindicaciones y restringe los conflictos a situaciones de crisis. Según el documento, en el segundo trimestre de 2017 se registraron 207 conflictos laborales. De ese total, 112 (54%) corresponden al sector público, 78 (38%) al privado y 12 (6%) a ambos sectores, mientras que 5 (2%) fueron motorizados por trabajadores informales. Los conflictos públicos mantuvieron su presencia mayoritaria y fueron los únicos que mostraron una suba tanto respecto del trimestre pasado como del mismo trimestre en 2016: en el segundo semestre del año se registraron 112 conflictos, el 65% de ellos explicados por disputas contra las administraciones provinciales.
La caída de la conflictividad total, del 13% interanual, se explica en gran medida por la dinámica en las empresas, donde los conflictos cayeron tanto en la comparación intertrimestral como interanual. Los motivos de la conflictividad laboral continúan mostrando un patrón diferenciado según los distintos sectores y niveles. En el sector público los reclamos salariales siguen siendo mayoritarios. Por su parte, en el sector privado estos reclamos predominan en los conflictos por actividad, mientras que a nivel de empresa el 80% de los conflictos se vincula con situaciones de crisis.
Desde el centro de estudios de la CTA Autónoma señalaron que “puede inferirse que la caída de la conflictividad a nivel de las empresas está ligada al proceso de destrucción de fuentes de trabajo que se registró en el último año, que reduce el campo de la acción sindical y dificulta la posibilidad de llevar adelante otro tipo de reivindicaciones, como salariales o por condiciones de trabajo”. Entre los conflictos que existieron, el informe señaló como ejemplo el desatado por el cierre de la planta de fabricación de snacks de PepsiCo, en Florida.
Según apuntaron desde el observatorio, en los primeros seis meses del año se registraron al menos 125 “prácticas antisindicales”. La respuesta del Estado y las patronales frente a los reclamos de los trabajadores incluyeron, durante el segundo trimestre, “al menos 29 detenciones de dirigentes y activistas, 12 casos de represión física y 25 casos de amenazas, presecución y/o amedrentamiento contra quienes impulsan los conflictos”. Estas prácticas, según señalaron, sumadas a una situación de fragilidad laboral, también tienden a “limitar, obstaculizar y/o prohibir la acción y organización de los trabajadores”.
