Entrevista a Federico Cuba Economía & Regiones
Por Ernesto Nimcowicz
Federico Cuba es analista de sector público en la consultora Economía & Regiones, fundada por el actual ministro del Interior Rogelio Frigerio (y con la que ya no tiene más vinculación), y sigue la evolución de las provincias en los temas clave de ingresos, egresos y endeudamiento. Cuba es responsable de los informes de análisis sobre las cuentas públicas provinciales. El Economista lo consultó acerca de cómo viene la situación fiscal provincial y lo que se espera para todo el 2017.
¿Cómo está la situación de los ingresos, egresos y el superávit fiscal de las provincias al primer semestre del año y qué se espera para todo el año?
La recaudación de impuestos provinciales no sufrió el mismo golpe que sufrió la nacional. Ingresos Brutos, que representa más del 70% de la recaudación propia de las provincias en su conjunto, prácticamente acompañó la inflación, mientras que los impuestos inmobiliarios y los sellos contribuyeron a que los recursos propios crezcan en términos reales. Por el contrario, los ingresos correspondientes a la coparticipación crecieron por detrás del nivel de precios, principalmente por el impacto del nivel de actividad económica sobre el Impuesto a las Ganancias y el IVA. A medida que se recomponga la recaudación nacional y teniendo en cuenta que este año las provincias recuperaron 3% adicional de la detracción de la Anses, esperamos que los recursos de las provincias se fortalezcan en el segundo semestre.
Con respecto al tema de los gastos de las provincias, al cierre del primer trimestre hubo un fuerte incremento en el ritmo de crecimiento, según los datos de E&R? ¿Y qué se espera para todo el 2017?
El gasto viene impulsado fuertemente por la obra pública y seguramente seguirá creciendo durante el resto del año por este motivo. Sin embargo, los gobiernos provinciales han logrado cierta disciplina fiscal con paritarias conservadoras más cercanas a la inflación esperada para finales de este año que a la inflación pasada, por lo cual lograrían anclar el gasto en términos reales. De todas maneras, el déficit financiero del conjunto de las provincias casi se duplicaría en términos del PIB a cerca del 1,1%, suponiendo la continuidad de la tendencia de la ejecución de obra pública. Para entender la incidencia de la obra pública en este sentido, se puede suponer un ejercicio en el cual se mantuviera estancada en términos reales comparada a 2016. En ese escenario, el déficit en términos del PIB sería igual al del año anterior.
¿Cómo está la emisión de deuda de las provincias al primer semestre de este año con respecto al año pasado y cómo estiman que va a terminar la película para todo 2017?
En el primer trimestre las provincias recibieron más recursos de los que se gastaron, pero eso es estacional: las provincias son estructuralmente superavitarias en el primer trimestre. Como te mencionaba anteriormente, los ingresos propios se mantuvieron un buen comportamiento si uno los compara con la recaudación nacional, que terminó afectando a los recursos coparticipables a pesar de los 3 puntos porcentuales devueltos de la detracción de Anses. Sin duda, la nota en el primer trimestre la dio el endeudamiento. La mayoría de las provincias con necesidades de financiarse lo hicieron en el primer semestre, que es cuando vamos a ver concentradas la mayoría de las emisiones. Básicamente esto se debió a que había una expectativa de que las condiciones del mercado fueran deteriorándose a lo largo del año, por lo cual había cierta prisa para emitir cuanto antes fuera posible, de manera de poder asegurarse la cobertura del programa financiero a una tasa razonable. Sin embargo, esto finalmente no se verificó y, más allá de ciertos vaivenes, el financiamiento se encuentra casi tan accesible como a principios de año. Es más, en el caso de un resultado favorable a Cambiemos en las próximas elecciones podría traer una nueva ola de emisiones estimuladas por el optimismo de los inversores internacionales para asegurarse el financiamiento del año 2018. Aún si no se diera este escenario, estaríamos registrando niveles de emisión muy similares a los del año pasado. Adicionalmente, también se deben destacar los créditos del FGS como parte del acuerdo Nación-provincias de agosto del 2016, por el cual ya se otorgaron $16.000 millones a las provincias a principios de este año.
¿Cómo prevé que impactará la reforma fiscal firmada por el Gobierno con algunas provincias y que se comenzará a negociar tras las elecciones? Algunos impuestos muy cuestionados por el sector privado como Ingresos Brutos o Sellos representaron el 78% de los ingresos provinciales, según E&R al cierre del primer trimestre del año. ¿Por qué gravámenes se podría reemplazar a estos impuestos distorsivos que cobran las provincias para no perder recaudación en un contexto de alta presión tributaria y no volver al endeudamiento?
No somos muy optimistas respecto a la reforma fiscal que podría llegar a ejecutar el Gobierno. En primer lugar porque, de no bajarse el gasto público en serio, hay poco margen para bajar los impuestos en forma tal que asegure el crecimiento sostenido a partir de la mayor inversión privada. Por otra parte, buscar bajar la incidencia de Ingresos Brutos implicará al nivel nacional ceder recursos hacia las provincias. Hay que recordar que el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria. En forma adicional, una reforma impositiva en serio debería traer aparejada una reforma de la coparticipación, que exigiría, técnicamente, más cesión de recursos de Nación hacia las provincias. Cabe recordar que las provincias en su conjunto se llevan solo el 30% de los recursos federales, y tienen a su cargo más del 50% de los servicios públicos básicos (educación, salud y seguridad). La razón de nuestro pesimismo está en que para que el Estado pueda realizar todas esas cesiones económicas a las provincias debe, necesariamente, más que recortar su gasto en la misma proporción debido al programa de metas de reducción del déficit fiscal, escenario al cual le asignamos casi nula probabilidad. Lo más seguro es que el Estado implemente una reforma fiscal muy laxa, con una reducción de la presión tributaria que no supere un punto porcentual por año (en el mejor de los casos) y sin grandes exigencias al sector público provincial, a pesar de que fue al primer sector que apuntaron.
