Por Ignacio E. Carballo
Incrementar el acceso y el uso de servicios financieros en segmentos subatendidos o excluidos del sistema formal es entendido actualmente como una condición necesaria para la inclusión social. Bajo este enunciado se justifica el creciente impulso y apoyo a la inclusión financiera proliferado en nuestro país desde el BCRA y en el mundo desde los más diversos gobiernos, organismos y actores. No obstante, junto con esta premisa se acompaña la nota de que dichos servicios financieros deben ajustarse a las necesidades de los clientes y asegurar un buen uso por parte de éstos.
De cumplirse este escenario, la inclusión financiera podrá mejorar el bienestar de las empresas y familias al incrementar sus oportunidades de ver materializados sus proyectos (no sólo de inversión sino también en capital humano) y fomentar así el crecimiento económico y el desarrollo sostenible contribuyendo a reducir la pobreza. Más allá de lo prometedor del enunciado, la experiencia nos dice que la inclusión financiera permite alcanzar un mayor bienestar sólo cuando los usuarios tienen conocimiento y capacidades adecuadas a los productos y los servicios ofrecidos.
En nuestro país, la evolución reciente del marco regulatorio y de fomento al desarrollo inclusivo del sector ha sido fenomenal. Por ejemplo, a través de medidas como las cajas de ahorro simplificadas y tarjetas de débito sin costo; la habilitación del depósito electrónico de cheques vía celular; la autorización para la apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a menores de 18 o la permisividad a cualquier entidad comercial de adquirir cajeros sin necesidad de asociarse con un banco, entre tantas otras iniciativas.
No obstante, los protagonistas han sido las nuevas plataformas de pago digital y las regulaciones para utilizar el teléfono móvil como herramienta financiera. De esta manera, el impulso de la Plataforma de Pagos Móviles (a través del cual las entidades financieras deben ofrecer la modalidad de Pago Electrónico Inmediato) y de la implementación del POS-Móvil, el Botón de Pago, la Billetera Electrónica, el Alias CBU, el DEBIN (disponible partir del 14 de agosto) junto a la actual evaluación de lanzar cheques electrónicos, abren paso a un escenario desconocido para la banca local.
Como resultado, observamos los anuncios recientes de los primeros bancos enteramente digitales del país (TSA Banking y Wanap) y del gigante MercadoLibre (a través de MercadoCrédito) compitiendo directamente con el sistema tradicional. Estas iniciativas no deberían (como sucedió) alarmar únicamente a los bancos sino también, y principalmente, al sector público promotor. Sucede que estas transformaciones son únicamente la materialización inicial de un fenómeno global en plena gestación.
Por ejemplo, para fines de año, WhatsApp planea lanzar en la India un servicio de pagos en alianza con el sistema de pagos Unified Payments Interface (UPI). Así, calcula facilitar el acceso a servicios financieros a más de 200 millones de personas usuarias de la aplicación. Facebook, por su parte, ya introdujo en 2016 un sistema de pago a través del teléfono celular que se encuentra actualmente disponible en EE.UU. y Apple lleva años promocionando su billetera Apple Pay. Igualmente, el informe recientemente publicado por el BID y Finnovista relevando el crecimiento exponencial de las fintech en América Latina (actualmente 703 emprendimientos en 15 países), donde tres de cada cinco fueron establecidas entre 2014 y 2016 y una de cada cuatro opera como plataforma alternativas de financiación, evidencian que este es sólo el comienzo.
Consecuentemente, el acelerado proceso de transformación que se encuentra atravesando el sector financiero en el mundo y en nuestro país implica un llamado a la atención sobre los riesgos y desafíos que el nuevo contexto acarrea. El antiguo statu quo de la banca comercial está siendo súbitamente trasfigurado por la revolución fintech, que implica un escenario desafiante para reguladores y promotores de la inclusión financiera.
Una inclusión financiera responsable deberá abogar con mayor énfasis en la protección del cliente. Ayudando a reducir la complejidad de las decisiones financieras que muchas veces aleja a los individuos de tomar decisiones eficientes y óptimas, pero también fomentando las capacidades financieras necesarias para gestionar los riesgos de sobreendeudamiento y cese de pagos (que generan una exclusión financiera de facto) que la rápida digitalización conlleva.
