Por Mariano Espina
Este viernes comienza en forma oficial la campaña electoral. No obstante, el clima electivo ya se vivió durante el primer semestre en el Congreso, y en particular en la Cámara de Diputados. En los escasos debates y en las visitas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el recinto de diputados se transformó en un cuadrilátero en el que cada maniobra y declaración estaba finamente calculada y orientada a las estrategias de cada espacio.
Un caso testigo fue lo ocurrido en la última semana en el debate sobre el régimen penal empresario, proyecto destinado a sancionar a empresas por delitos de corrupción. La media sanción se aprobó con una semana de demora, seis pedidos de cuarto intermedio, artículos relegados y otros incorporados a última hora. Y entre tanto, la posibilidad del pedido de desafuero al diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, que reavivó la discusión por la protección a la opinión que la Constitución le provee a los legisladores. Todo lo sucedido en la última sesión fue interpretado como posturas electorales. Margarita Stolbizer, del GEN, había criticado la “bajísima estrategia” del bloque oficialista “para demostrar que los únicos preocupados por la corrupción son ellos y pegar a todos los demás del mismo lado”. El Frente Renovador, en tanto, terminó acompañando un proyecto que criticó durante el largo debate.
Dos días después de la aprobación, los diputados y candidatos de 1País pidieron la quita de los fueros. Medida calificada como demagógica por parte del oficialismo. Pese a que también fue Nicolás Massot, jefe del bloque PRO, quien pidiese a la Cámara prescindir de la protección.
Debate en el Senado
Con la visita de Germán Garavano, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -presidida por Pedro Guastavino (PJ-FpV)- comenzará a discutir mañana el régimen penal empresario. Hay dos puntos del proyecto que serán especialmente revisados por el peronismo en la Cámara Alta: el artículo primero y la modificación al Código Penal que declara imprescriptibles las causas por corrupción. En el caso del punto inaugural del texto, la crítica es por la falta de especificidad de los delitos por los cuales se puede acusar a una persona jurídica. En cuanto a la modificación mencionada, fue por iniciativa del massismo -como parte de la negociación- y propone que, tanto para empresarios como para funcionarios públicos, las causas por corrupción no tendrán fecha de extinción.
El Senado, en 2016, ha puesto en más de una oportunidad el freno a proyectos aprobados por la Cámara Baja. Algunos ejemplos: extinción de dominio, demorada; reforma electoral, rechazada antes de llegar al recinto; cambios al impuesto a las ganancias, ampliamente modificada. En la Cámara Alta, el minoritario interbloque de Cambiemos depende de la buena predisposición de Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada PJ-FpV, bloque compuesto por 39 escaños, de los cuales al menos 26 responden al senador rionegrino.
Vale destacar que, en Diputados, fue eliminado el artículo que permitía la investigación sobre empresas que hayan cometido el delito previo a la sanción de la ley, con la exclusiva intervención de la Procuración del Tesoro Nacional, órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Le hubiese permitido al Gobierno, por caso, negociar un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht.
En caso de un extenso debate y posteriores cambios, los tiempos legislativos del proyecto se alargarían y se acercarían al 13 de agosto (día de las PASO) o al 22 de octubre (día de las generales). Se pronostican altas probabilidades de estancamiento.
