Por Roxana Mazzola Directora del CEDEP
Múltiples evaluaciones de los resultados, cualitativos y cuantitativos, de la AUH se cuentan en la actualidad. A casi ocho años de la implementación de la AUH podemos afirmar que la política cuenta con un amplio consenso en la sociedad y con evidencias cada vez más sólidas que permiten demostrar sus impactos positivos, contrastar sus principales hipótesis de acción, identificar efectos no previstos, examinar su proceso de aplicación y analizar sus retos. Ahora bien, es indispensable considerar que estas políticas no están aisladas del resto de las políticas públicas. Las políticas actúan como sistemas y se interrelacionan. ¿Qué quiero decir con esto?
De izquierda a derecha uno puede encontrar países con diferentes tipos de transferencias de ingresos a la niñez, los cuales algunos pueden limitarse a ser pisos de protección mínimos, de asistencia social, para los sectores más desplazados para garantizar la gobernabilidad o pueden buscar ampliar y garantizar derechos de seguridad social a la niñez.
Podemos pensar las interrelaciones, como si fueran una mamushka ?esas muñecas rusas que van dentro una de otra?, entre: 1) la situación de la infancia; 2) el entorno familiar con determinadas condiciones laborales y habitacionales, y 3) el entorno y momento del sistema político con sus orientaciones económicas.
En el caso puntual de la AUH y considerando la interrelación entre las políticas, vemos que en el último tiempo asistimos a otro momento político y donde hay bajas en el consumo, destrucción de puestos de trabajo, apertura y endeudamiento externo, etcétera. En el marco de una nueva estatalidad más restrictiva y controladora del orden social que configura, en la AUH se producen desplazamientos en los sentidos del derecho, los cuales se verifican en a) la pérdida del poder adquisitivo de la transferencia de al menos 15%; b) en la situación de las familias hay pérdidas de ingresos provenientes de changas o trabajos en servicios debido a los ajustes de consumos que hacen todas las familias, de este modo, muchas veces la AUH ahora es lo que hay como ingreso, y c) no hay nuevas altas de la AUH, más que las de rutina.
En periodos de crecimiento de la informalidad y desocupación sería esperable que la medida crezca dado que la política está destinada a hijos de trabajadores informales y como bien notamos hoy, la informalidad y desocupación están creciendo, pero algo está pasando hay que afinar el ojo y analizar allí para ver que es lo que puede estar sucediendo. Hay que tener en claro que las incorporaciones de 2016 y 2017 han sido en el régimen de asignaciones familiares contributivas. Esto fue principalmente, por un lado, por el aumento del tope para cobrar asignaciones familiares y, por otro, porque allí ?y no bajo el sistema no contributivo de la AUH? se incorporaron los 300.000 monotributistas ?y no los 500 mil anunciados?, a los que extendieron las asignaciones. También quisiera remarcar que estos últimos fueron incorporados bajo una figura extraña, introduciendo lo que denomino como una nueva estratificación en el derecho a la seguridad social a la niñez porque si bien no aportaron a las asignaciones contributivas están dentro de ese sistema, pero tienen las prestaciones de la AUH que son menos de las prestaciones de asignaciones familiares que perciben los que tienen empleo formal. Es correcto que hayan sido incorporados pero el punto que destaco es que es extraño que no haya nuevas altas en la AUH más que las de rutina y que aún no se llegue al millón de niños que no las percibe que están entre los hogares más vulnerables.
Aquí podemos ver una primera interrelación entre las políticas en el marco del sistema de políticas.
Ahora, permítanme situar otro ejemplo, vinculado a la nueva línea de crédito de consumo anunciada para estos sectores. Hace varios años, desde 2013, desde diversos estudios (Mazzola, 2014; CEDEP y UBA, dirigido por Mazzola, 2013; CIES, Chahbenderian, Florencia y Castro Mattei, Rodrigo, 2013; Polischer, Miguel, Córdova y Melgarejo, 2010; Vio y Cabrera, 2013) veníamos remarcando que la regularidad de los ingresos de la AUH había posibilitado la adquisición en cuotas de heladeras, cocinas, compra de zapatillas, materiales de construcción, etcétera, y como la emergencia social de estas familias no era tan grande podían destinar recursos a comprar estos bienes esenciales, pero no tan urgentes como la comida. Estos sectores accedían a un mercado crediticio con tasas, entre 200% y hasta 500%. Hasta los mismos destinatarios desconocen las condiciones de estos créditos. Afrontar estos créditos de montos muy bajos era posible por la regularidad del ingreso de la AUH. Por ello en su momento se planteaba que era indispensable activar una línea de acceso al crédito para estos sectores y no dejar que un mercado especulativo lo haga de forma similar a la tarjeta Argenta para jubilados creada en 2012.
Actualmente el interrogante que surge en este marco de interrelación entre las políticas es si ¿introducir una línea de crédito para estos sectores ahora es una resolución a su problema? ¿O más bien esto es sólo una medida reactiva, si consideramos que la AUH se está transformando en una malla de asistencia, la situación alimentaria es preocupante, la AUH ha pasado a ser más que esencial en el ingreso total familiar y muchos de estas familias ya están endeudadas? ¿Más bien no deberian pensarse junto a esa otras estrategias de regular ese mercado negro de créditos con penalidades o crear un registro de morosos y conocer a los que fueron estafados con deudas que desconocen sus intereses? Además la nueva medida solicita como uno de los criterios de acceso que no estén en el Veraz, cuando ya muchos lo están. Ni que hablar de la necesidad urgente de potenciar y no continuar esmerilando y cambiando los sentidos de los derechos básicos como son los montos y garantías de las jubilaciones y de la seguridad social en la niñez, mejorar las condiciones laborales de las familias, y el acceso a bienes y servicios públicos esenciales de salud y educación.
Como afirmara en su momento en 2014, cada política pública conforme se implementa genera diversas políticas privadas y públicas (en los diversos niveles de gobierno) y reacomodamientos. Las miradas no pueden ser lineales y sobre todo deben considerar esta interrelación entre las políticas bajo diferentes contextos sociales y económicos y momentos políticos que afectan de forma directa el bienestar de las familias.
