El Gobierno buscará sacar de su siesta al Congreso y que, en un breve plazo previo al receso de de julio, Diputados le de media sanción al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria que el Ejecutivo envió a principios de este año, y que es impulsado por la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso. Se reúnen hoy las comisiones de Legislación General y Legislación Penal para debatir la iniciativa. Ayer por la tarde, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se trasladó hasta el Parlamento para reunirse con diputados oficialistas a retocar los puntos principales del proyecto. Entre los presentes, el macrista Daniel Lipovetsky y la radical Gabriela Burgos, presidentes de la comisiones encargadas de llevar adelante el tratamiento. Sería tratada en el recinto el próximo 28 de junio.
El proyecto tiene como aspecto principal un régimen de premios y sanciones a las personas jurídicas, las empresas, y no a las personas en particular. “La sanción de la ley permitiría, de ahora en adelante, que aquella empresa que quiera colaborar con información frente a la Justicia sobre casos de corrupción lo pueda hacer con determinadas garantías y algún beneficio”, había detallado Alonso, destacando que por caso, la averiguación y negociación sobre quién recibió las supuestas coimas de Odebrecht, no podrían ser alcanzadas por el proyecto en caso de ser aprobado.
Por otra parte, la sanción de la ley está motivada por ser una de las exigencias que impone la OCDE, para ingresar al organismo.
