Por Mariano Ramón Economista y especialista en el sector hidrocarburífero
El pasado 12 de enero, el Ministerio de Energía y Minería firmó un acuerdo de precios para el valor del crudo interno y sus derivados entre los actores que intervienen en la formación de estos precios, es decir, entre productores de petróleo y refinadoras.
Allí se estableció un “período de transición” para los precios internos del petróleo y los combustibles, con el objetivo de alcanzar la paridad con los mercados internacionales durante el transcurso del año 2017.
Los valores de compra aceptados por las refinadoras establecen que durante junio se debían pagar US$ 55,7 por el barril de crudo tipo Medanito (extraído en la cuenca neuquina) y US$ 47,2 para el que contenga petróleo de tipo Escalante (proveniente del Golfo de San Jorge). Estos valores se encuentran actualmente por encima del promedio de la cotización internacional, que mostró el barril de petróleo Brent en las últimas dos semanas: US$ 46,14 /barril (mercado inglés y utilizado en el acuerdo como referencia).
A su vez, en el mismo acuerdo se establece que puede realizarse una revisión de los precios pactados en base a dos circunstancias: que el tipo de cambio se ubique por fuera del rango $15,50 ? $20,00, o que el valor del crudo Brent se encuentre por debajo de los US$ 45 por barril. Además, ambas situaciones deben sostenerse en el tiempo durante diez días. Esta última condición parece tener posibilidades de cumplirse ya que durante 2017 la tendencia del precio internacional del petróleo viene mostrando una importante caída, equivalente a 3% mensual. Si bien estos valores ya se encuentran por debajo de las proyecciones establecidas por organismos internacionales para 2017, de sostenerse esta dinámica, durante julio se activaría la cláusula que obliga a los firmantes del acuerdo a rediscutir los precios internos. De esta forma estaríamos frente a la posibilidad de que los precios de los combustibles bajen.
Sin dudas, una reducción en los precios en surtidor de los combustibles representaría una noticia sustancial en varios aspectos. Por una parte se trata de un indicador de apertura del sector, ya que las variaciones de precios internacionales influirían directamente en los precios internos. Además, por el carácter transversal que los precios de las naftas y el gasoil poseen en las estructuras de costos de otras actividades, una baja de su precio implicaría un aporte significativo en la reducción de los niveles de inflación que el Gobierno viene esperando. Y, finalmente (y no por eso menos importante), una reducción de los costos del crudo para las refinadoras tendrían como contracara una doble caída: en la retribución a las productoras y en la recaudación por regalías de las provincias petroleras.
Es decir, la estructura del acuerdo firmado en los primeros días de enero, presentado como articulador de una etapa de transición, no evita enfrentarse a la resolución de problemáticas estructurales del sector petrolero que modulan una de las variables clave del desempeño económico: la inflación.
Por otra parte, la retracción de precios internacionales se da en un contexto local de caída en la extracción de crudo, desinversión de las principales compañías operadoras y desplome del empleo. El último dato consolidado para la producción de petróleo muestra una caída interanual del 7,8% para los primeros cuatro meses del 2017, la cantidad de equipos en actividad se redujo 23% para el mismo período y el empleo registrado viene retrayéndose a una tasa trimestral del 1,5% desde 2015. Es decir, la etapa extractiva del sector viene atravesando una marcada fase contractiva y esto tiene implicancias sustanciales en el nivel de abastecimiento interno.
En términos agregados, el ciclo negativo se encuentra acompasado por la dinámica internacional y, en ese sentido, el espíritu de las políticas definidas por el Ministerio de Energía y Minería se encuentran influenciadas por definiciones teóricas y enmarcadas en un ideal de funcionamiento en el que la intervención gubernamental no genere distorsiones en el libre juego de la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, el logro de este objetivo se inserta en un esquema complejo, donde las intenciones nacionales chocan con la realidad de las economías provinciales y con la estructura de mercado de las compañías operadoras.
En definitiva, la dinámica alrededor de los precios de los combustibles y las herramientas que diseñó el Gobierno para lograr sus objetivos grafican una situación que sirve como ejemplo de tantas otras medidas de política económica llevadas adelante por la nueva gestión. Toda definición de política pública implica un trade-off entre eficiencia y distribución, se encuentre ésta inserta en un mercado internacional o interno. La responsabilidad de los encargados de diseñar las políticas es delinear instrumentos que permitan transitar un equilibrio posible entre estas dos variables. En todo caso, se trata de un trabajo técnico donde los instrumentos deben aplicarse a una realidad irrefutable y con la intención de modificarla no debería caerse en la circunstancia de desconocerla.
