Por Eliana Scialabba Economista (*)
El enérgico debate sobre la reducción del déficit fiscal cobró un protagonismo central a partir de las bajas en las pensiones por discapacidad, llevadas a cabo por la cartera que conduce Carolina Stanley. En ese sentido, a pesar de que existe un acuerdo entre las diferentes expresiones políticas sobre la crítica situación que atraviesan las finanzas públicas, el eje de la cuestión radica en determinar en qué rubros el Gobierno deberá llevar a cabo ese ajuste.
De esta forma, para tener una idea más clara de “por donde recortar”, desagregamos y analizamos la evolución del gasto público primario del sector público nacional (SPN) (excluidas provincias y municipios), que ha llevado a la economía a alcanzar ésta situación de alarmante rojo fiscal, dado que la dinámica de ingresos primarios es mucho más estable y se encuentra fuertemente ligada al nivel de actividad.
Antes de analizar el desagregado, vislumbramos el creciente peso del SPN: el gasto público primario como porcentaje del PIB pasó de 19,3% en 2004 a 26,1% en 2016. Esto da cuenta del aumento del tamaño del Estado, explicado solamente por el sector nacional.
Análisis del gasto público
Remuneraciones. En 2004 representaban el 2% del PIB, y en 2016 alcanzó el 3,3%, lo que está en consonancia con la teoría de que el Gobierno ha ocultado parte del aumento del desempleo del sector privado incorporándolo al sector público.
Transferencias corrientes. En el primer año analizado alcanzaban el 9,4% del PIB y para el 2016 se ubicaron en el 8,1% del PIB. Se tendería a pensar que éste fuera uno de los rubros que más se incrementó, en un período de tiempo en el cual los subsidios, en todas sus formas, eran la principal herramienta en materia de política económica, lo cual es parcialmente cierto, visto que su composición ha cambiado sustancialmente: las transferencias al sector público pasaron de 6,8% a 1,7%, mientras que al sector privado fueron de 2,6% hacia 6,7%, verificando la intuición inicial.
Prestaciones de la seguridad social. Este constituye el rubro más crítico, ya que entre 2004 y 2016 casi duplica su participación en el PIB, pasando de 4,7% a 11,6%. A partir de esto, no es casual que el Gobierno apunte a éste ítem como uno de los primordiales al momento de llevar a cabo el recorte. Si bien es cierto que el empleo público ha aumentado de manera significativa, la incorporación de un número extraordinario de beneficiarios al sistema de seguridad social ha sido la primera causa del desequilibrio de las cuentas públicas (en 2004 representaba el 26,1% del gasto público primario y en 2016 alcanzó el 45,2%, lo que indica que casi uno de cada dos pesos gastados se dedicó a este rubro).
Gastos de capital. Pasaron de representar el 1,2% al 2,3% para 2016, siendo aún insuficientes para reemplazar la falta de inversión privada: este nivel de gasto no logra siquiera reponer la depreciación del capital existente.
Consideraciones finales En este contexto, la cuestión sobre cómo reducir la brecha entre ingreso y gasto cobra cada vez más importancia en el debate actual.
Para esto, es importante tener en claro un punto: la presión impositiva ha alcanzado su máximo. Ya no hay margen para incrementar la recaudación ni por actividad ni subiendo las alícuotas. El alicaído nivel de actividad hace que los tributos de mayor peso (IVA y Ganancias) crezcan por debajo de la inflación, por lo que los recursos reales generados alcanzan para cubrir una cantidad cada vez menor del creciente gasto.
Si bien el Gobierno se encuentra incrementando la deuda pública a fin de cubrir la brecha entre los ingresos y gastos del sector público, esto no es sostenible en el tiempo, por lo que tarde o temprano, deberá realizar un ajuste, por más doloroso que sea. Si algo queda claro de la experiencia histórica, es que cada vez que no se respetó la restricción presupuestaria del Gobierno, hemos terminado en graves crisis, en las que el ajuste se ha llevado a cabo de manera abrupta, dando como resultado un incremento de las (ya altas) tasas de pobreza e indigencia.
Por último, no debemos olvidar que en la misma semana donde se dan de baja pensiones por invalidez, los legisladores aumentan sus recursos disponibles para gastos varios, dejando claro que la trayectoria del recorte dependerá del poder de presión de cada uno de los grupos de interés.
(*) La columna fue escrita junto a Leandro Moro
