Una vez más el sistema de pensiones argentino se encuentra en el vórtice de la tormenta. La polémica por la baja de pensiones por discapacidad impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social impulsó a diversos analistas a dar su parecer sobre la viabilidad del sistema.
Federico Muñoz, director de la consultora homónima, señaló que el gasto previsional es por lejos la principal partida del presupuesto nacional dado que en 2016 explicó casi el 38% del gasto primario. Señaló que el crecimiento de este ítem durante la última década fue ágil y persistente, mientras que los ingresos del sistema se expandieron a un ritmo bastante más lento, lo que implicó la apertura de una brecha creciente entre ambas series. “Se proyecta que al cabo de 2017, las prestaciones del sistema de seguridad social representen 10% del PIB, mientras que los ingresos no superarían el 7% del producto”, señaló.
El creciente desequilibrio se explica por una fuerte expansión de la base de beneficiarios durante la gestión kirchnerista: el total de jubilados y pensionados pasó de 3,7 millones en 2003 a 8,1 millones en 2015 (+118%). Este incremento responde a las moratorias previsionales así como al aumento en el número de pensiones no contributivas. También se agrega el factor de “una fórmula relativamente generosa para la actualización de los haberes” y la Reparación Histórica dispuesta por la gestión macrista.
El economista reconoció que el mayor gasto en pensiones se debe a un mayor reconocimiento de derechos, siendo “todas y cada una de estas justificaciones legítimas y atendibles”. Aún así, consideró que “la dinámica es insostenible y el Gobierno debe promover pronto (¿2018?) la discusión de una reforma previsional, para evitar que el sistema jubilatorio termine de desquiciar las cuentas públicas del país”.
Desde la consultora Idesa señalaron que entre 2000 y 2015 se otorgaron más de un millón de pensiones por discapacidad. El grueso de este aumento se dio entre 2009 y 2014, cuando se incrementaron a razón de 130.000 por año. Actualmente, las personas subsidiadas con una pensión sin aportes por invalidez laboral representan el 2,6% de la población total. El informe de la consultora resaltó que la distribución de estas pensiones es desigual en el territorio. Los investigadores de Idesa encontraron motivos para pensar en una situación de “discrecionalidad y fraude”, aunque la diferente distribución puede relacionarse también con la mayor incidencia de la pobreza en algunos territorios dado que una de las condiciones para otorgar la pensión es que la persona no disponga de ingresos o bienes que permitan la subsistencia de su grupo familiar.
La consultora consideró que “más allá de los errores cometidos por el actual Gobierno, el proceso de revisión de las pensiones no debe desactivarse”, señaló Idesa en un comunicado. “Para las personas que no son inválidas pero están en situación de vulnerabilidad social, es necesario poner a disposición otros programas que faciliten el acceso a un empleo asalariado o como cuenta propia. Para quienes sufren una invalidez, repensar las reglas y las formas de constatación que permitan una razonable evaluación de su situación socioeconómica”, señaló y agregó: “Cuando se otorga una pensión a quien no es inválido automáticamente se lo condena a la dependencia crónica del asistencialismo ya que tiene prohibido trabajar en la formalidad”.
