“La gestión de intereses, o lobby, es una práctica que se desarrolla en todos los países del mundo y en Argentina durante décadas existió un vacío legal que llevó a que esta actividad sea asociada, muchas veces con razón, a la falta de transparencia”, sostiene Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Por eso, escribe Pérez en una columna publicada en Télam, “el Presidente asumió con el claro compromiso de mejorar la calidad institucional del país, fomentar la participación de la sociedad civil en las cuestiones públicas y transparentar la gestión de Gobierno, para que en Argentina no vuelva a repetirse el triste espectáculo de la corrupción enquistada en el Estado al amparo de la impunidad para los funcionarios responsables”.
“Conforme a esos objetivos que se plantearon desde el Poder Ejecutivo presentamos al Congreso el proyecto de Ley de Gestión de Intereses que, al garantizar la publicidad de las reuniones de los funcionarios de los tres poderes y el Ministerio Público Fiscal, permitirá asegurar una participación equilibrada de las distintas voces que intervienen en el proceso de toma de decisiones. Y que todo se haga a la luz del día”, agregó Pérez. Los funcionarios, por ejemplo, deberán dar a conocer por medio de Internet todas las reuniones que realicen producto de su función con el objetivo de diseñar una política pública. “El objetivo no es prohibir o limitar estos contactos, sino que se realicen con transparencia”, dice el ex “lilito”.
Eso, explica, tiene un triple beneficio. “En primer lugar, desalienta los contactos malintencionados. En segundo lugar, refuerza el control ciudadano: sabiendo con quiénes hablan los funcionarios públicos, los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que los afectan. Por último, la publicación de los que acceden a los despachos políticos es un modo de acercar la política a la ciudadanía”, argumenta Pérez.
Hoy ya existe para el Poder Ejecutivo un reglamento aprobado por el decreto 1.172/2003 para el registro de las audiencias por gestión de intereses. Sin embargo, históricamente los niveles de cumplimiento con el decreto fueron bajos y el decreto no alcanza a los otros poderes, que también toman decisiones que afectan la vida de la gente, como la Justicia o el Congreso. “En este sentido, la sanción de una ley de publicidad de la gestión de intereses es el siguiente paso lógico en este esfuerzo que apunta a transparentar la función pública y evitar inequidades a la hora de escuchar a los distintos actores potencialmente afectados por una medida de gobierno”, dice Pérez
