Por Federico Muñoz Titular de Federico Muñoz & Asociados
La decisión oficial de revisar las pensiones por invalidez puso al sistema jubilatorio nacional en el foco de muchos debates. La oportunidad es entonces propicia para evaluar tanto la dinámica reciente del sistema como sus perspectivas futuras.
El gasto previsional (concretamente, la suma de jubilaciones y pensiones) es ?por lejos- la principal partida del Presupuesto Nacional: demandó en 2016 casi el 38% del gasto primario. El crecimiento de este renglón durante la última década ha sido ágil y persistente; en cambio, los ingresos del sistema se han expandido a un ritmo bastante más moroso, lo que implicó la apertura de una brecha creciente entre ambas series. Se proyecta que al cabo de 2017, las prestaciones del sistema de seguridad social representen 10% del PIB mientras que los ingresos no superarían el 7% del PIB. El rojo en aumento del sistema previsional se cubre con rentas generales, comprometiendo cada vez más la salud de las cuentas públicas.
El creciente desequilibrio del sistema previsional argentino se explica, en primer lugar, por la muy fuerte expansión de la base de beneficiarios durante la gestión kirchnerista. El total de jubilados y pensionados pasó de 3,7 millones en 2003 a 8,1 millones en 2015; un aumento de 118%. Este incremento obedece tanto a las sucesivas moratorias previsionales que incorporaron al sistema a pasivos que no habían hecho los aportes correspondientes, como también al salto en el número de pensiones no contributivas (a personas con invalidez, excombatientes, expresos políticos, familias numerosas, etcétera).
El segundo factor explicativo del fenomenal aumento del gasto previsional es la vigencia de una fórmula relativamente generosa para la actualización de los haberes, que suben a un ritmo bastante más ágil que el de la inflación. Desde comienzos de 2009, el nivel de precios ha crecido en aproximadamente 660% mientras que los haberes aumentaron 830%.
Adicionalmente, la “reparación histórica” dispuesta por la gestión macrista, (esto es, el reconocimiento de un vínculo más estrecho entre los haberes jubilatorios y los aportes realizados durante la fase activa) es responsable de una aceleración ulterior de este renglón de las erogaciones durante el año en curso.
La dinámica explosiva del gasto previsional evidentemente inquieta a la gestión macrista, y han ensayado algunos mecanismos correctivos. La fórmula vigente de actualización de los haberes contiene un error que implica aumentos ligeramente mayores a los estipulados por ley. En febrero, la Anses se propuso corregir esa distorsión, pero la enorme resistencia social los obligó a retractarse. Algo similar ocurrió en los últimos días con las pensiones por invalidez. El Gobierno también propuso revisar algunos casos, pero lo hizo con bastante torpeza política y nuevamente se vio forzado a retroceder
En síntesis, el sistema previsional argentino ha avanzado en la última década en el reconocimiento de diversos derechos. Primero, el derecho de todo argentino que llega a edad pasiva a contar con una prestación básica aunque no haya hecho los aportes correspondientes. También se ha reconocido el derecho de ciertos sectores poblacionales desfavorecidos a percibir una pensión no contributiva. Se reconoce además el derecho de los jubilados a que sus haberes no pierdan poder adquisitivo con el tiempo (en rigor, tienden a ganarle a la inflación). Finalmente, el derecho a recibir una jubilación acorde a los aportes realizados en la fase activa.
Por lo que se puede apreciar, todas y cada una de estas justificaciones del aumento del gasto previsional lucen ?en mayor o menor medida- legítimas y atendibles. El problema es que el reconocimiento simultáneo de todos estos derechos ha derivado en un aumento explosivo e insostenible del gasto previsional que, además, promete seguir creciendo. También ha quedado claramente demostrado que cualquier intento de recorte del gasto previsional entraña un costo político muy significativo. De todos modos, la dinámica es insostenible y el Gobierno debe promover pronto (¿2018?) la discusión de una reforma previsional para evitar que el sistema jubilatorio termine siendo responsable de un desequilibrio desestabilizador de las cuentas públicas nacionales.
