En el Boletín Oficial confirmó de la fecha y el próximo 27 de junio empresarios, sindicalistas y funcionarios se reunirán para determinar la actualización del monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En este marco, los gremios comenzaron a anticipar cuál será la dimensión de sus demandas. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, consideró ayer que la CGT tiene que reclamar como “mínimo” 25% de aumento, porcentaje que excede el promedio de las subas salariales cerradas al momento y que ubicaría al salario mínimo a $10.075.
Contra el 25% de aumento que pedirá la CGT, el Gobierno tiene en mente otorgar una suba del orden del 20% para mantener así la resolución alineada con la pauta oficial propuesta a principios del año. Un aumento de esta magnitud llevaría al salario mínimo actual, de $8.060, a $9.672.
El impacto directo del salario mínimo es marginal, dado que sólo aplica a un universo de 200.000 trabajadores fuera de convenio, pero tiene importancia como referencia para las paritarias no resueltas y para aquellos trabajadores que desempeñan sus actividades en la informalidad.
Pero este año, además, su discusión será de vital importancia para aquellos que perciban subsidios del Estado o realicen sus actividades en el marco de la economía popular. La ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre pasado, creó el Salario Social Complementario, que se otorga para complementar los ingresos de los trabajadores de la economía popular y se calcula como sobre el 50% del valor del salario mínimo. Esto también tiene impacto en los planes sociales que se encuentran dentro de la órbita de las carteras de Desarrollo Social y Trabajo, que tienden a converger hacia el mismo valor.
