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“El sistema previsional es insostenible y requiere reformas urgentes”

“Repensar el sistema y sus efectos sobre el mercado de trabajo es impostergable”, dice Marcelo Garriga (UNLP)

23 mayo de 2017

Los números no muerden. Y tampoco mienten. La cosa es así: el gasto público consolidado en Argentina alcanza a 47% del PIB. ¿Es mucho, poco, normal? Basta decir que supera el gasto de países desarrollados como Gran Bretaña (42%), España (44%), Alemania (44%), Holanda (45%), Estados Unidos (38%), con un producto per capita muy inferior.

Si bien son muchos los factores que explican el elevado gasto público, hay, sin duda, un elefante en la sala: el sistema previsional, que representa casi el 35% del gasto que realiza el Gobierno y alcanza a más de 13 puntos del PIB. Las cifras surgen de un informe de Marcelo Garriga, director de la maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de La Plata, difundido ayer.

El déficit

El déficit contributivo (la relación entre lo que aportan los activos y los gastos en jubilaciones y pensiones) pasó de 2,9% del PIB en el 2009 a 6,7% en el 2016 (casi equivalente al déficit del sector público), calcula Garriga. “Como se observa, el déficit previsional creciente da cuenta de un problema a mediano plazo”, dice Garriga.

A una conclusión similar arribó su colega Luciano Di Gresia (también de la UNLP), en su trabajo “El desequilibrio fiscal oculto del sistema previsional argentino”. Allí, Di Gresia recordaba que el gasto previsional de 2017 recibirá el impacto pleno del esquema de Reparación Histórica (que incrementará las erogaciones en aproximadamente 1,5% del PIB adicionales) y que “los ingresos derivados de aportes y contribuciones alcanzan a cubrir en 2016 sólo el 48,8% de los gastos totales”. Además, sostenía que “los ingresos de aportes y contribuciones prácticamente se han estabilizados en los últimos cinco años mientras que los gastos exponen un crecimiento explosivo”.

¿Cómo se financia el déficit contributivo? “Con otros impuestos (IVA, ganancias, coparticipación, blanqueo impositivo, entre otros) que se dejan de asignar a salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros. Más de la mitad del gasto previsional se financia con recursos que no provienen de los aportes de los trabajadores”, remarca Garriga.

Reformas se buscan En 2016, el Poder Ejecutivo promulgó la ley aprobada por el Congreso de Reparación Histórica que, entre otras reformas, otorga una pensión universal a la vejez a toda persona mayor de 65 años, aunque no haya realizado aportes, que recibirán el 80% de la jubilación mínima. Y serán financiadas con recursos del Tesoro. “Es decir, en la actualidad coexisten dos regímenes: uno para aquellos que realizaron aportes previsionales y otro para los que no aportaron”, dice Garriga. “Así, ¿cuál es el incentivo a realizar aportes previsionales de aquellos que ingresan al mercado laboral y saben que igual van a obtener una pensión aun en el caso de que no hayan realizado aportes?”, cuestiona.

“Este problema se agrava al considerar que los aportes patronales y personales destinados al sistema previsional son el 27% del salario, encareciendo fuertemente el costo laboral y generando incentivos a que haya acuerdos entre empleados y empleadores para operar en la informalidad. Por lo tanto, en este marco, no sorprende que el mercado de trabajo muestre un nivel de informalidad del 35%”, agrega.

Resumiendo. “El sistema previsional es el gasto público más importante: 13% del PIB, sólo 45% del gasto se financia con los aportes de los empleadores y trabajadores formales, la relación entre trabajadores formales y jubilados es de 1,3, las contribuciones patronales y personales son del 27% del salario y la informalidad laboral es del 35%: un combo complicado”, dice Garriga.

Técnicamente, dice, podría señalarse que el sistema previsional es insostenible y se requiere urgente una reforma que haga sustentable el sistema. “Si el régimen no se reforma, ¿cuál será el haber de los futuros jubilados? ¿Qué sentido tienen los impuestos al trabajo del 27% con un mercado laboral con 35% de informalidad y un sistema previsional actualmente quebrado? ¿Qué joven que ingrese al mercado laboral tendrá incentivos a formalizarse, y pagar 27% de impuestos, si de todas maneras obtendrá una jubilación del 80% de la mínima? ¿Pueden coexistir un sistema de reparto contributivo (hay que realizar aportes previsionales) con otro en el cual se obtiene una pensión sin realizar aportes (no contributivo)?”, cuestiona Garriga.

“En el contexto de un elevado gasto público, repensar el sistema previsional y sus efectos sobre el mercado de trabajo se transforma en un tema impostergable, más aún en un período en el que la demografía beneficia al país”, remata.

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