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¿Con o sin salida en Brasil?

La crisis política de Brasil es una pésima noticia para la economía argentina

22 mayo de 2017

Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL

La crisis política de Brasil es una pésima noticia para la economía argentina. La filtración de información que compromete personalmente al presidente Michel Temer ha generado una expectativa de nuevas revelaciones que pueden poner en riesgo la estabilidad del actual Gobierno brasileño. Además de los comentarios sobre la evidencia difundida por varios medios de prensa, suena improbable que Temer logre convencer a la opinión pública de que no aprobó sobornos al ex diputado Eduardo Cunha para que no declare en sede judicial en contra de su Gobierno.

Políticamente, la situación institucional del vecino país ingresa en un cono de incertidumbre, dado que la suerte de buena parte de los funcionarios del actual Gobierno, así como de los de la era Lula-Dilma Rousseff depende de qué declaren algunos de los implicados en los escándalos Lava Jato y Odebrecht.

Sin embargo, tampoco se descartan coletazos directos a nuestro país, dado que no se terminan de dilucidar cuán profundas y certeras son las vinculaciones de los implicados con empresarios y políticos de nuestro país.

El hecho de que Temer haya sostenido que no va a renunciar a su cargo no disipa las dudas generadas por el supuesto video que lo involucraría dando el visto bueno al pago de coimas. Todo depende de qué nuevas declaraciones presenten en sede judicial tanto los empresarios y ex funcionarios hoy encarcelados, como de los que teman por su futuro judicial.

Lo que va quedando cada vez más claro es que tanto la cúpula de los partidos de la coalición gobernante como la del Partido de los Trabajadores (PT), se encontraría implicada en múltiples redes de coimas, sobornos y el tráfico de influencias. Frente a una nueva sucesión de “cajas de Pandora” a ser abiertas en cualquier momento, la dinámica de aprobación de proyectos de infraestructura, y el interés de inversores locales y extranjeros para participar en licitaciones públicas entran en un impasse de final incierto.

El efecto esperable es un freno inequívoco en la incipiente recuperación de la obra pública que se parecía insinuar en Brasil, como contracara del rigor del programa de ajuste fiscal para poner un techo efectivo al endeudamiento público y a la inflación.

Para este año la proyección de crecimiento de la economía de Brasil estaba prevista mayoritariamente en torno de 0,50%, y de 1,25% para la producción industrial. Nada espectacular, pero un visible freno a la dinámica de destrucción del PIB de los últimos tres años que ahora entraría en un terreno de demasiadas dudas.

Las dos primeras semanas de mayo registraron una salida neta de fondos de Brasil, y es una incógnita el comportamiento esperable para lo que resta de mayo. Con su Banco Central con más de U$S 377.000 millones de reservas internacionales, el impacto en el mercado cambiario es mínimo, pero la perspectiva de crecimiento nulo, o peor aún, de crecimiento negativo no es ahora una hipótesis a ser descartada.

Para nuestra economía, obstaculizará la incipiente recuperación exportadora que se insinuaba en el primer trimestre de este año. Las ventas a Brasil totalizaron U$S 2.096 millones (+ 5,6% interanual) mientras las importaciones desde dicho país en el primer trimestre sumaron U$S 3.807 millones (+24,9% interanual). Para los sectores que podían esperar cierto alivio para su situación productiva y financiera (automotriz, autopartistas, economías regionales), lo deseable es que el desenlace final de la crisis brasileña se resuelva en el menor tiempo posible.

Sin embargo, no es claro todavía cuál será el desenlace. Nada garantiza un mani pulite, dado que los hechos de corrupción que se van descubriendo están salpicando prácticamente a todos los partidos políticos de mayor caudal electoral y a buena parte de la cúpula empresarial brasileña. Pero tampoco hay que descartar un fuerte impacto en el escenario político y empresarial de nuestro país.

En Brasil, la Orden de Abogados aprobó por 25 votos contra 1, una resolución para promover el impeachment de Temer. De este lado de la frontera, a su vez, el fiscal Federico Delgado habría requerido la investigación completa de las llamadas de directivos de Odebrecht en Argentina entre 2006 y 2015, y el análisis minucioso hasta de los anexos de los contratos que involucran a esa empresa. En particular, los supuestos sobreprecios y sobornos para obtener la ampliación de la planta potabilizadora de aguas en el Paraná de las Palmas.

Preguntas obvias que son más que inevitables. ¿Habrá elecciones indirectas en Brasil si cae Temer? Y en ese caso ¿quién querría/podría ser candidato sin riesgo de caer como Dilma, y eventualmente Temer? ¿Se conocerán nuevas revelaciones de las “gargantas profundas” ya conocidas, o de nuevos arrepentidos? ¿Se conocerán los nombres de ex funcionarios argentinos implicados directamente, y eventualmente de algunos de la actual administración? Según el fiscal brasileño Vladimir Aras, puede haber una decisión del Superior Tribunal Federal de Brasil para autorizar el acceso público a la información sobre todos los supuestos ilícitos cometidos en nuestro país y las personas involucradas.

Volver a crecer, recuperación de inversiones, reconexión exportadora al mundo, creación de empleo, estabilidad. Son todos objetivos más que deseables (e imperiosamente) para el corto y mediano plazos. Pero también los relacionados con la prevención y efectivo castigo de la corrupción en todos sus niveles. Como afirmara ayer el citado fiscal Aras en un reportaje con el periodista Alberto Armendáriz del diario La Nación: “Los desafíos fundamentales tienen que ver con la independencia del Ministerio Público y de la Policía Federal; las leyes para ir contra el crimen organizado, que deben estar aggiornadas; tener una sociedad civil alerta e informada; garantizar la libertad de prensa para que fluya la información, al igual que redes sociales libres; tener órganos de control como auditorías, tribunales de cuentas; y contar con tratados internacionales que permitan el intercambio de datos”.

Quizás no sea mucho pedir. Tal vez apenas el inicio de un cambio estructural que debería poner fin de una buena vez con perniciosas prácticas que, bajo la excusa de emprender grandes proyectos, han destruido buena parte de la credibilidad en las instituciones y en los dirigentes de nuestra región.

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