El Gobierno oficializó el miércoles pasado un nuevo programa de inserción laboral destinado a los beneficiarios de determinados planes nacionales otorgados por los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social. La iniciativa oficial dispone que los beneficiarios podrán seguir recibiendo esas transferencias aun cuando consigan un empleo formal y las empresas que los contraten podrán incluir ese monto como parte del salario. De esa manera, el Gobierno pretende “empalmar” por año 80.000 subsidios con trabajo genuino.
Según el Ieral, de la Fundación Mediterránea, un problema que surge es “que el plan se habrá de aplicar en el marco de una distribución preexistente de programas de empleo y asistencia social que no guarda proporciones equitativas entre provincias, teniendo en cuenta parámetros como los que surgen de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Por ejemplo, el 69% de los recursos del programa Argentina Trabaja se aplican en Buenos Aires, provincia que aglutina el 39% de la población del país. Y, hacia Tucumán, que tiene el 3,7% de la población del país, se canaliza el 11% de esos recursos”.
Según los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo, una forma de compensar estas asimetrías sería incluir dentro de la iniciativa los programas financiados por las provincias. Por otro lado, consideraron que para que el plan tenga éxito requerirían acciones complementarias contundentes, por lo menos en tres aspectos: “capacitación de los beneficiarios, sensibilización de potenciales empleadores bajo el nuevo régimen y neutralización de las trabas u obstáculos que puedan provenir del ámbito político”.
