La construcción de las dos represas sobre el río Santa Cruz tendrá en julio la audiencia pública que permitirá analizar el estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico, lo que habilitará al Gobierno a solicitar a la Justicia que se levante la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema para retomar las obras.
De esta manera, el Gobierno podrá avanzar con el cronograma trazado por el presidente Mauricio Macri en China, tras reunirse con su par Xi Jinping. En aquella oportunidad, los mandatarios resolvieron que la construcción de las represas Néstor Kirchner y Cepernic, que demandarán una inversión de US$ 5.000 M, puedan arrancar alrededor de septiembre.
Las obras para la construcción de las represas planeadas por el gobierno saliente están suspendidas desde el 21 de diciembre por la vigencia de un recurso de amparo aceptado por la Corte Suprema de Justicia que dispuso la implementación del proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, para lo cual derivó la causa a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Según advierten algunas organizaciones ambientalistas ?entre ellas, las impulsoras del amparo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques?, las obras tendrían un impacto negativo sobre el medioambiente.
En ese sentido, en la audiencia de julio, el Gobierno deberá presentar la evaluación de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, podrían producir las represas planificadas.
Para ello, el primer paso que seguirá el Ministerio de Energía y Minería, según Télam, es la entrega para la semana próxima del estudio de impacto ambiental que realizó Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa, una sociedad anónima de capital estatal), que confirma que las obras son viables ambientalmente en la medida en que se cumplan ciertas normas de compensación y mitigación que permitan proteger la flora y la fauna y mantener el caudal ecológico durante el desvío del río y el llenado de las represas.
A partir de la redacción final del trabajo, estimada para la semana próxima, Ebisa va a entregar formalmente el estudio a los ministerios de Energía y Ambiente de la Nación y de la provincia de Santa Cruz para que estos devuelvan su dictamen en 30 días, es decir a fines de junio, según relató la agencia de noticias oficial.
Una vez que hayan dictaminado los cuatro ministerios, se le solicitará al Congreso que convoque a una audiencia pública para alrededor de mediados de julio. Es que, de acuerdo a la Ley de Obras Hidráulicas, la audiencia pública deberá desarrollarse en el ámbito del Congreso, que a su vez, una vez concretada la audiencia, tendrá un plazo de otros 30 días para emitir un reporte no vinculante. Sólo desde entonces, entre mediados y fines de agosto, la jueza Macarena Marra Giménez, del fuero Contencioso Administrativo Federal levantaría la medida cautelar que frena el reinicio de las obras, por lo que recién en septiembre, según lo estipulado por Macri en China, podrían comenzar las obras.
