El Gobierno encara el espinoso debate sobre el financiamiento

¿Cuáles son los problemas del actual sistema y qué soluciones se propone la “segunda pata” de la reforma política?

 

La versión difundida semanas atrás, sobre posibles aportes hechos  por la empresa brasileña Odebrecht para las campañas de 2015 de Cambiemos y otras alianzas, encendió la alarma del Gobierno y lo motivó a reimpulsar el proyecto incluido en el paquete de reforma política para establecer un nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos. La iniciativa originaria del oficialismo era la de avanzar con este aspecto de la reforma una vez aprobada la Boleta Unica Electrónica (BUE). Ante el fracaso de esa iniciativa y las especulaciones que surgieron en el inicio de una nueva carrera electoral, el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio inició en la última semana una ronda de consultas con organizaciones civiles en las cuales presentó el anteproyecto elaborado por la secretaría de Asuntos Políticos, a cargo de Adrián Pérez.

 

La cartera de Frigerio adelantó días atrás que entre los puntos principales del anteproyecto se destacan: bancarizar todos los aportes de campaña, establecer un registro de aportes y gastos en tiempo real disponible para el control ciudadano, la elevación del número de auditores de las campañas (de ocho a veinticuatro) y nuevas restricciones a la publicidad oficial y actos de gobierno durante el período electoral.

 

La reforma del 2009 eliminó del régimen de financiamiento de campañas a las personas jurídica, dejando un sistema mixto (público – privado). “De acuerdo a la ley vigente las personas jurídicas pueden aportar a los partidos fondos para su financiamiento ordinario, pero tienen prohibido aportar para las campañas”, explica Delia Ferreira, miembro de Transparencia Internacional, y participe de las rondas de consultas iniciadas por el Gobierno. “La prohibición de aportes de empresas es fácilmente eludible a través de los aportes de directivos, gerentes o empleados o directamente prestanombres, en estos casos se trata de aportantespantalla”, señala la abogada y agrega que “otra forma utilizada para eludir la prohibición es ingresar los aportes como fondos para el financiamiento ordinario, y dado que todo va a una misma cuenta, en los hechos los fondos se utilizan para costear la campaña”.

 

“El votante está totalmente desinformado, y si no hay registros del dinero que reciben sus candidatos no se sabe a quién se está votando”, sostiene Nicolás Cherny, director programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, y añade que “el hecho de que se pueda aportar en efectivo deja fácilmente sin registro el dato sobre quién aportó en la campaña”. Cherny argumenta que la prohibición de aportes de personas jurídicas y la posibilidad de brindar fondos en efectivos concluyen en un peligroso combo en el cual se realizan aportes sin ningún tipo de control. “La justificación es que sí aportan mucho las empresas, los candidatos van a ser más proclives a políticas promercado, pero ese no es el problema, el problema es que las empresas aportan, pero no sabemos a quién”, subraya uno de los representantes de Cippec ante el Gobierno, que propusieron como solución limitar los ingresos en efectivo y bancarizar los aportes.

 

Un segundo problema, según Cherny, es el “altísimo riesgo de dinero ilícito en las campañas, como resultado de la combinación de prohibición y permisividad”, mientras que en tercer término aparece que los tiempos de campaña de la normativa actual (treinta y cinco días) “son incompatibles con las actividades que hacen los partidos políticos”. El resultado del último aspecto es que “se declaran gastos por esos treinta y cinco días pero la campaña empieza mucho antes, entonces hay una parte que queda sin declarar”.

 

Aun así, los trajines del año electoral y el escenario que el oficialismo presenta en el Congreso impiden pensar en el avance de este proyecto para este año, aunque desde Casa Rosada confían en enviar y retomar con la iniciativa a partir de noviembre. “No es el año más propicio para avanzar en una reforma de este tipo. En particular, con relación a los aportes de las personas jurídicas no creo que haya consenso entre los partidos”, asegura Ferreira. Para lo que serán los próximos comicios, Cherny insistió en la necesidad de alcanzar compromisos “entre los protagonistas de esta relación, los candidatos por un lado y los empresarios por el otro”.

Te puede interesar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *