Por Eduardo Crespo Economista y politólogo
Brasil enfrenta la mayor crisis de su historia democrática. La economía está en depresión desde 2014 y el sistema político se pulveriza frente a las denuncias cruzadas de corrupción y la escalada de enfrentamientos entre los tres poderes del Estado.
Para entender los fundamentos de esta descomposición, entre otras cosas, es necesario entender el sistema electoral, la organización de los particos políticos y el modo como habitualmente se financia la política del país vecino.
En Brasil, la elección de diputados y senadores se realiza en base a listas uninominales. No existe un régimen mayoritario en el cual el partido que gana se lleva todas las bancas, como ocurre en algunos países europeos, ni un sistema proporcional en base las denostadas “listas sábanas” de Argentina. La dificultad con este sistema es que la clave está en el candidato, en tanto que los partidos son apenas una superestructura con escaso poder de control sobre sus miembros. Las campañas electorales son financiadas en mayor medida por los propios candidatos. Para elegir un diputado se requiere en promedio US$ 1.000.000 y se precisa por lo menos el doble para consagrar un senador. Por ello no debería sorprender que el Parlamento brasileño esté mayoritariamente integrado por empresarios, grandes propietarios rurales y miembros vinculados al sector financiero e iglesias evangélicas.
Este escenario de partidos nacionales débiles obliga al Poder Ejecutivo a gobernar en base a heterogéneas coaliciones parlamentarias, loteando ministerios y cargos públicos entre numerosos partidos y figuras. Esta circunstancia, combinada con campañas electorales millonarias, incentiva la recaudación de fondos por medios ilegales con una generosa y amplia participación de las empresas privadas. En otras palabras, la compraventa de voluntades en el Parlamento es una práctica rutinaria ?incluso necesaria? para gobernar. Este es el modus operandi normal de la política brasileña desde hace décadas. Por ello cabe preguntarse si se trata de algo habitual y consuetudinario, ¿por qué estalla recién ahora y derriba por igual a la política y la economía brasileñas?
Entendemos que la respuesta debe buscarse en todo aquello que representa la figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Sindicalista de origen humilde, Lula es un intruso en este sistema.
Aunque su Gobierno, en especial el PT, en ningún momento se dispuso a romper con los modos habituales de la política brasileña y explícitamente sostienen que encabezan un proyecto de 'conciliación de clases', en la práctica -y quizás sin buscarlo- irritaron al poder económico e incentivaron la conflictividad social. Ayudados por una coyuntura internacional favorable, desde 2003 a 2013 promovieron la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza en base a subas del salario mínimo y numerosos programas sociales como el Bolsa Familia y el plan de viviendas Minha Casa, Minha Vida. Aunque contemplados desde la óptica fría de los números macroeconómicos estos planes puedan parecer menores, surtieron un efecto explosivo sobre la somnolienta sociedad brasileña. Ya en el primer mandato de Lula los principales medios de comunicación y numerosos actores conservadores buscaron dinamitar al Presidente en base a sensacionales denuncias de corrupción que lograron polarizar al país. La movilización en un sentido u otro de la grieta alcanzó niveles inéditos desde 2013. Fue una ambiciosa campaña moralizadora que apuntó a la ilegalidad familiar del orden político brasileño. Así se sucedieron los dos grandes escándalos, el mensalão primero y, ya durante la presidencia de Dilma Rousseff, el Lavajato, ambos vinculados a la compra de voluntades parlamentarias.
Pero las cruzadas purificadoras pueden convertirse en boomerangs para el poder económico y mediático. Cuando la corrupción hace a las reglas del juego, el empeño por denunciarla puede conducir a la interrupción del orden social. Los medios de comunicación y parte del aparato político incentivaron el surgimiento de figuras públicas vinculadas al Poder Judicial, como jueces, fiscales o incluso la propia policía. Todo agravado por la difusión indexada de noticias a través de redes sociales.
Aquí merece una breve descripción el instituto de la delación premiada, un dispositivo legal que literalmente recompensa con menores penas o multas al que prende el ventilador ensuciando cómplices reales o presuntos de los delitos cometidos o imaginados. A partir de entonces se sucedieron las detenciones, que peligrosamente comenzaron a afectar no sólo a figuras políticas de primer orden y de todos los colores ideológicos sino también a grandes empresarios. El caos inducido está fuera de control incluso para sus progenitores. La gesta por la honestidad consiguió dividir a la elite económica y acabó por derretir al sistema político en su conjunto.
Para la economía, las consecuencias fueron funestas. El Lavajato paralizó Petrobras y las principales empresas constructoras del país, como Odebrecht. Cuando el consumo se había frenado por la menor creación de empleos y el creciente endeudamiento familiar, Dilma Rousseff impuso un ajuste fiscal, quizás con la fútil esperanza de reconciliarse con una elite visiblemente golpista. Las consecuencias fueron desastrosas: a la aguda crisis política se le sumó una depresión económica inédita desde los '30, circunstancia que aceleró el golpe parlamentario que acabó con su mandato.
Su sucesor en el cargo, Michel Temer, tenía el doble cometido de frenar la vorágine judicial e imponer la agenda ultraconservadora de sus patrocinadores: limite constitucional al gasto público por 20 años, reforma del sistema de jubilaciones y reforma laboral. Pero al fracasar en su primer cometido, se tornó un estorbo para la completa implementación de la agenda. Es por ello que su figura hoy tambalea, así como toda la clase política brasileña. No se avizora una salida sencilla de la crisis. Denigrado el sistema político, es difícil imaginar cómo pueda avanzar la agenda conservadora. Y de avanzar ésta, es aún más incierto de qué modo podría retomarse el crecimiento económico.
