El endeudamiento del Estado -incluidas las provincias- ha presentado una extraordinaria aceleración durante el último año y medio, debido al excedente de gasto público sobre las fuentes de financiamiento genuinas, comprometiendo de esta manera a varias generaciones futuras.
Si bien Hacienda ha planteado metas fiscales que prevén la reducción del déficit fiscal (medido en términos primarios), las mismas debieron cambiar su objeto, ya que en dichas estimaciones no se consideran los intereses de la deuda pública. De esta forma, las metas propuestas parecen indicar un desconocimiento del peso del servicio de la deuda que se está generando, que incrementará el déficit financiero no sólo de este año sino también de los venideros, agregando más restricciones a nivel fiscal.
En este sentido, el Gobierno de Mauricio Macri parece no cobrar verdadera conciencia del peso tributario futuro que generará este excesivo endeudamiento, lo cual, a su vez, funciona como un “espanta inversiones”. El caso de los gobernadores es aún más perverso: amparados en el famoso “Too Big, To Fail”, tenues son sus incentivos a llevar a cabo una administración sustentable de los recursos.
Cabe recordar que Argentina es el país récord en presión tributaria, y estos desajustes llevarán, tarde o temprano, a la necesidad de crecientes recursos. En este escenario, la situación se complica porque la posibilidad de incrementar tributos se encuentra fuera de discusión (ya no hay margen para subir los impuestos), y solo quedan dos opciones: o bien financiarse a través de impuesto inflacionario ?que no vemos factible, al menos en el mediano plazo, por el manejo monetario llevado a cabo por el BCRA? o de un mayor nivel de endeudamiento, lo que generaría el temido efecto “bola de nieve”.
De esta manera, y teniendo en cuenta la “aritmética desagradable”, la única opción que le queda al Gobierno es bajar el gasto, y la misma parece ser la opción más lejana: muestra de ello son el nuevo “Salario Complementario a los Trabajadores de la Economía Popular”; la renovación de la flota de vehículos de la Casa Rosada o la multiplicación de los “ravioles” del organigrama de la Administración Pública Nacional, sólo por citar algunos ejemplos.
La dinámica fiscal descripta afecta aún más a una coyuntura severamente afectada. La inconsistencia entre la política fiscal y la monetaria agregan una carga de estrés importante al ciclo económico. La presión que genera el exceso de consumo estatal, sumado a la emisión monetaria que debe llevar a cabo el BCRA para cambiar los dólares ingresados por deuda, derivó en un apretón monetario aún más severo del que la autoridad monetaria había planificado. Para esterilizar esta emisión adicional, el Tesoro sí parece tener cierto recaudo en la emisión de bonos a largo plazo, dejando aumentar exponencialmente la deuda de corto plazo del BCRA, que de otra forma generaría una bomba de tiempo cuasi fiscal.
El panorama es oscuro para las próximas generaciones. Una economía con mayores impuestos o mayor inflación tendrá su contracara en un menor nivel de actividad. Con tasas de inversión que no alcanzan prácticamente para cubrir la depreciación del stock de capital, el crecimiento futuro está comprometido mientras que en el presente se siga manteniendo esta desproporcionada relación consumo/inversión.
Consecuentemente, es necesario un cambio sustancial en la política fiscal. Caso contrario, serán los más jóvenes quienes, lejos de vislumbrar un horizonte de prosperidad y crecimiento, deberán sacrificar bienestar para pagar seguir pagando la “fiesta”. No esperamos un cambio antes de los comicios de medio término de este año, ya que el ciclo político subyuga al económico, pero deseamos de manera ferviente que luego de estas se corrija el rumbo.
