Ya cerrado el exitoso blanqueo, podemos confirmar que los fondos del sinceramiento no fueron aplicados a la economía real, ni mucho menos a la reactivación de las economías regionales. Esto fue previsible ya que desde su génesis hubo una incomprensible decisión de privilegiar solamente a los fondos comunes de inversión (FCI), excluyendo a otros instrumentos como los fideicomisos, ampliamente conocidos y aceptados por el mercado para asegurar las inversiones productivas. Lo más crítico fue el alto ticket de entrada fijado, lo cual apuntaba solamente a grandes inversores financieros. Así fue que, a las apuradas, se presentaron casi 40 fondos de los cuales la CNV solamente aprobó un tercio, lo que demostró la improvisación o falta de formalidad de la mayoría.
Coincidentemente, los aprobados fueron FCI que prometen grandes inversiones en proyectos de megaescala pero es prudente explicar que estos fondos son inversiones indirectas que dependen del resultado global de todos los activos incorporados y no de un proyecto específico, y que adicionalmente tienen gastos complejos de analizar como los precios de compra y venta, los gastos intermedios y las comisiones. Además del escaso resultado obtenido promoviendo los FCI para la economía real, las complicaciones perduran aún para los fondos aprobados, pues abundan las incógnitas sobre la operatoria siguiente en la oferta pública y la aplicación práctica.
También genera incertidumbre la demora de la nueva Ley de Mercado de Capitales que debería abordar temas trascedentes como la facultad de intervención del regulador en los directorios y la doble imposición de ganancias. Así, debe proponerse un espíritu integral que incentive el desarrollo de todos los instrumentos del mercado de capitales, en busca de concretar inversiones sustentables y no meramente especulativas. De no ser así, obviamente se conspirará contra los sectores productivos que tienen que soportar el aumento de los costos de producción, el letal esquema impositivo y la falta de financiamiento competitivo con un horizonte de mediano y largo plazo, dado que, por la naturaleza de su actividad, no se puede entrar y salir rápidamente del negocio.
En definitiva, no debemos desperdiciar la última oportunidad que genera la nueva ley para desarrollar un escenario de carácter estratégico, promocionando los fideicomisos y los fondos de inversión directa con impacto federal, eliminando el círculo vicioso de la especulación cortoplacista. Así podremos, en forma real y concreta, recuperar las inversiones fundamentalmente de los propios argentinos para la economía productiva, fomentando proyectos que generen trabajo, riqueza y redistribución, apalancados por instrumentos que aportan mayor confianza y previsibilidad a los inversores.
La realidad se cansó de mostrarnos que para disminuir la terrible pobreza en nuestro país y concretar mayor justicia social hay que potencializar los proyectos productivos, y eso solamente se puede promover con políticas coherentes e integrales que sean planificadas estratégicamente con visión de largo plazo.
