por Agustín Etchebarne, Director de la Fundación Libertad y Progreso
Un trabajador de la educación puede hacer huelga contra los niños, pero un docente no. Es lamentable observar que la educación pública no empieza a tiempo las clases. Según los gremios, hubo un “acatamiento” del 90% al paro de la semana pasada. Todo eso suena vetusto y autoritario, y resulta en un crimen contra la educación de los niños, que debiera ser el objetivo para todos los involucrados en el tema. Los sueldos de los maestros son apenas un medio para obtener tan alto fin como la educación de los niños. Vale destacar que quienes van a enseñar a pesar de la huelga son los verdaderos “Maestros”. Con mayúscula.
Vayamos al punto. En la educación privada, cada maestro negocia con el director de la escuela cuál será su sueldo y sus funciones. Y si el director juzga que el maestro no cumple con lo que se pretende, lo despide y paga su indemnización. Si el maestro considera que no le pagan lo suficiente o le exigen demasiado, se busca otro trabajo.
En la educación pública el director no puede despedir al maestro incumplidor (o le resulta extremadamente difícil hacerlo) y los sueldos son negociados por el sindicato, de modo que todos reciben más o menos lo mismo, salvo las diferencias por antigüedad y demás. Pero no se puede discriminar entre mejores y peores maestros. No es de extrañar que la escuela pública tenga peores resultados que los colegios privados, como lo muestran las las evaluaciones, aunque sabemos que existen otros factores, como el nivel de ingreso y preparación de los padres.
Dicho esto podemos decir que la escuela pública está enfrentando por lo menos tres problemas diferentes. Y para cada uno hay que encontrar una solución adecuada.
Un primer problema es que los sueldos se retrasan por la inflación. Aquí la solución es simple: es cuestión de ajustar los sueldos por el índice de inflación, aprovechando que ahora tenemos un Indec creíble. Así ya no será necesario negociar todos los años. Un segundo problema, más grave, es que los maestros ganan poco.
Pero existe una solución: lo que debemos hacer es cambiar el estatuto del docente para poder limitar las licencias solo a lo que es razonable y privilegiar que los docentes estén frente a sus alumnos. De este modo, con el tiempo podríamos ir subiendo los sueldos hasta alcanzar el doble de lo que cobran hoy, en términos reales, pero teniendo la mitad de los docentes actuales. Basta observar que Argentina tiene tres veces más maestros por alumnos que Australia para comprender que esta reforma es justa, necesaria y posible. Pero existe un tercer problema, que es mucho más grave y de difícil solución. Este es la mala calidad de la educación pública. Se pueden hacer infinidad de cuestiones para mejorarla. Pero queremos proponer una verdadera solución de largo plazo: permitir que los pobres también puedan elegir la mejor educación para sus hijos. Es una evidente injusticia el hecho de que los padres ricos puedan elegir el tipo de educación de sus hijos mientras que los pobres no tienen la libertad para elegir. Sin embargo, es relativamente sencillo corregir esta injusticia y al mismo tiempo mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo? Pues el Estado debe comprometerse a financiar la educación de los niños permitiendo que los padres sean quienes deciden el establecimiento educativo al que enviarán a sus hijos sea público o privado. Es decir, el cheque estatal seguiría al alumno: a esto lo llamamos DIPAL (dinero para el alumno).
La consecuencia será que los pobres recuperarán un importante grado de libertad y las escuelas deberán competir para atraer a los alumnos, un excelente incentivo para mejorar la calidad. Por ejemplo, las encuestas muestran la enorme molestia de los padres cuando encuentran a sus hijos fuera de la escuela en horario escolar. Este sistema además facilitaría la descentralización de la administración escolar, que implicaría una mayor autonomía en la obtención de recursos y en las decisiones sobre gastos incluyendo la contratación o despido del personal docente.
