El Ministerio de Energía y Minería estableció el viernes pasado las sedes de la audiencia pública que se llevará a cabo dentro de cuatro días para determinar la nueva suba del precio de gas en boca de pozo que comenzará a regir a partir del primer día de abril.
A través de la Resolución 45-E, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Juan José Aranguren, se habilitaron ocho “centros de participación” en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Rosario, Paraná, Salta, Santa Rosa, Neuquén y Ushuaia, donde los interesados podrán participar en simultáneo de la audiencia central que se llevará a cabo en el Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca.
En la audiencia, segunda desde el cambio de gobierno para modificar el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el Gobierno propondrá un precio promedio por millón de BTU de US$ 3,77 contra los US$ 3,42 actuales, lo que representa una suba de 10%. De esta manera, el porcentaje de la tarifa que es subsidiado por el Estado Nacional pasará del 50% al 45%, lo que implicará un ahorro en términos reales, al pasar las transferencias para el suministro del combustible de US$ 2.690 M en 2016 a US$ 2.840 M durante este año ?o su equivalente, de $ 40.350 M a $ 48.337 M, a un tipo de cambio de $ 17?.
El aumento que propondrá el ministro Aranguren durante la audiencia será considerablemente menor al del año pasado, cuando las facturas se dispararon a un ritmo en muchos casos por encima de 500% y hasta 1.000%, lo que llevó a un fallo de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a retrotraer la suba inicial y proponer una más moderada. Esta vez, los aumentos que pagarán los usuarios por metro cúbico de consumo irán de 11% a 30%, según su nivel de consumo. De todos modos, a ese valor aún resta agregarle el del resto de segmentos que explican hasta 40% de la cadena de valor del gas, por lo que el aumento final sobre las facturas podría estar por encima de esos porcentajes.
No obstante, tras la Resolución 212-E/2016 que siguió al fallo de la Corte el año pasado, los aumentos finales sobre las facturas no podrán ser mayores al 300% contra el valor del mismo mes del año anterior en el caso de los usuarios de menor consumo (R1-R23), al 350% en los de consumo medio (R31-33) y de 400% para los R34.
Por otro lado, en la propuesta que expondrá Aranguren el viernes, ratificará la aplicación de la tarifa social que alcanza a 4,9 millones de hogares en todo el país y las bonificaciones para quienes reduzcan en al menos 15% el consumo que habían registrado en el mismo mes del año pasado. A través de este beneficio, los usuarios R1 a R23 podrán descontar hasta 50% de su tarifa, los R31 a R33 hasta 30% y los R34, hasta 20%.
La suba forma parte de la implementación de un “sendero gradual y escalonado de reducción de los subsidios” que desembocará, según los objetivos propuestos por el Ministerio de Energía y Minería, en la eliminación plena de los subsidios a las tarifas de gas ?con excepción de los residentes en la Patagonia y los beneficiarios de la tarifa social? para el final del mandato presidencial actual, en 2019.
