Con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Gobierno Nacional inició la semana pasada en Mendoza la discusión para la redacción de un nuevo proyecto de ley de coparticipación sobre la base de la propuesta presentada en febrero pasado. En aquella oportunidad, funcionarios de ambas carteras nacionales le habían presentado a los ministros de Economía de todas las provincias la intención del Gobierno para la nueva ley: un sistema de coeficientes móviles, basado en una suma de criterios objetivos (como cantidad de población, PBG y NBI) y replicando el modelo de reparto de fondos que existe en Australia, donde las transferencias nacionales se calculan en base a la brecha entre las necesidades de gasto ?diferentes según el distrito? y la capacidad de generar ingresos en cada una de las jurisdicciones -calculada a partir de un parámetro mínimo de recaudación consensuado?. Sin embargo, los especialistas consultados se dividen respecto a si se podrá lograr una modificación como la que propone el Gobierno.
El primer obstáculo nace junto al mismo mandato de alcanzar una nueva ley, surgido de la reforma de la Constitución de 1994. De acuerdo al mandamiento constitucional, en ningún caso una jurisdicción podrá recibir menos recursos que los percibidos previo a cualquier reforma. “En consecuencia, y dado que la torta de recursos es una sola, la reforma de la coparticipación es un juego que suma cero: lo que ganen las provincias lo pierde la Nación (y viceversa)”, sostiene Verónica Sosa, presidenta de Economía & Regiones. Asimismo, agrega Federico Muñoz, titular de la consultora homónima, “la distribución secundaria de la coparticipación ?esto es, qué proporción de los fondos coparticipados le corresponde a cada provincia? es en esencia y por definición, un juego de suma cero. Para que una provincia reciba una proporción mayor, otra tiene que ceder esos puntos”.
Así, ambos coinciden en que una reforma significará ineludiblemente una pérdida de fondos para la Nación, a contramano de lo que sostenía el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, en diálogo con este medio (“No necesariamente tenemos que resignar recursos”, decía amparándose en que todos los mecanismos de transferencias serán puestos en debate). Una forma de lograr eso, reconoce la presidenta de E&R, sería un aumento de la presión fiscal, algo impensado en este contexto. En cambio, resume, “una reforma de la coparticipación necesariamente debe partir de la cesión de recursos de Nación hacia las provincias, y a su vez, todas las provincias deben ceder recursos a la provincia de Buenos Aires”.
El problema bonaerense En el discurso habitual de los integrantes de Cambiemos antes de asumir el Gobierno, predominaba el carácter devolutivo a la hora de hablar de una reforma de la coparticipación, lo que consiste en nivelar los desbalances que hay entre lo que algunas jurisdicciones aportan (con la provincia de Buenos Aires a la cabeza) y lo que recaudan. No obstante, en la propuesta acercada a las provincias por la Nación no prima ese criterio sino uno más redistributivo. ¿Hubo un cambio de idea en el oficialismo? ¿Significa esto que se mantendrá la inequidad que pesa sobre Buenos Aires?
Para Muñoz, no será así. “El coeficiente del principal distrito del país es 21,7%, cuando por cualquier criterio objetivo de reparto (Población, PBG, e ?inclusive? Población con NBI) debiera estar recibiendo no menos del 36% del total de lo transferido a provincias (excluyendo CABA)”, señala y concluye que de este modo, “cualquier esquema de distribución secundaria basado en criterios más o menos objetivos y razonables mejoraría sustancialmente la posición bonaerense” (ver gráfico).
Un informe de Iaraf de 2016 mostraba con claridad el problema: una simulación de la distribución según once criterios distintos (entre los cuales están Población, PBG y Población con NBI), arroja que siempre que gana recursos la provincia de Buenos Aires, una inmensa mayoría de los distritos pierde fondos, y viceversa. “Una posibilidad es construir una distribución a través de la combinación ponderada de diferentes criterios objetivos. A modo ejemplificativo, si se considera un indicador que pondere 50% la población y el restante 50% de los coeficientes calculados a través del indicador de NBI relativo”, ideaba el informe elaborado por Ariel Barraud y Valentina Bulgarelli.
Precisamente allí es cuando la idea de reemplazar los coeficientes fijos por móviles rinde sus frutos, según Sosa. “El sistema de reparto deberá tener un componente solidario hacia las provincias con menor potencial recaudatorio. No obstante, los coeficientes que se determinen deben ser movibles en el tiempo, de forma tal que generen los incentivos para que estas provincias más rezagadas logren crecer y acercarse a las economías con mayor riqueza”, sostiene.
Finalmente, respecto a las experiencias internacionales, como las de Australia o Canadá que el Gobierno analizó para elaborar su propuesta inicial, Sosa sugiere que tomen como modelos, aunque “no en su totalidad, sino en partes”.
