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Revisan proyectos de inversión chinos

09 marzo de 2017

La ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, aseguró ayer que la relación entre nuestro país y China a lo largo de estos meses incluyó el “replanteo” de varios aspectos, entre ellos, el análisis de obras de infraestructura que serán construidas por empresas estatales chinas y financiamiento del país asiático. Al respecto, Malcorra aclaró que “revisamos mucho de lo que se firmó” durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe recordar que China es hoy el segundo socio comercial de la Argentina, después de Brasil y en los últimos años adquirió el estatus de socio estratégico y virtual financista de obras de envergadura, además del salvataje que significó en su momento el swap de monedas por el equivalente en yuanes de US$11.000 millones.

Obras en estudio

Durante su presentación en el encuentro empresarial Summit Argentina, organizado por la publicación inglesa The Economist, la jefa de diplomacia argentina afirmó que “el proyecto de las centrales hidráulicas (Jorge Cepernic y Néstor Krichner, en la provincia de Santa Cruz) está siendo revisado por completo para atender múltiples objeciones, entre ellas en el terreno ambiental”, con lo cual “se está terminando de realizar un proyecto nuevo, viable y sustentable”.

La construcción de las represas tienen asignado un crédito de la República Popular China por US$ 4.700 millones, pero por el momento no se avanzó en las obras. De hecho todo el proceso está detenido por la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto se termine el estudio de impacto ambiental, solicitado por la Asociación de Abogados Ambientalistas.

En el caso de los acuerdos de las centrales nucleares (Atucha IV y V), Malcorra señaló que las conversaciones con la contraparte china “están dentro de nuestras prioridades”, pero aclaró que “estamos reviendo en qué términos y condiciones”. Asimismo, está bajo análisis el acuerdo que otorgó a China un terreno para establecer una base para fines astronómicos y climáticos en la provincia de Neuquén. “Ajustamos ese acuerdo que tenía aprobación del Congreso para definir claramente que el objetivo va a ser absolutamente civil”, explicó Malcorra.

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