Movimientos sociales realizaron ayer una jornada nacional de protesta en reclamo de la inmediata implementación de la ley de Emergencia Social, que incluyó cortes en autopistas, accesos y calles en distintos puntos del país y la instalación de ollas populares.
La jornada fue encabezada por el triunvirato piquetero conformado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), a las que se sumaron más de 40 organizaciones sociales en todo el país. “Exigimos que se aplique de manera inmediata la ley de Emergencia Social, se garantice la creación de cientos de miles de puestos de trabajo como estipula la ley y se avance con el salario social complementario para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, pidieron las organizaciones.
La ley de Emergencia Social fue sancionada el 15 de diciembre pasado y destina $25.000 millones hasta 2019 para promover los derechos de los trabajadores de la economía popular y habilita la posibilidad de disponer de $5.000 millones más su fuera necesario. Asimismo, crea un registro de los trabajadores de la economía popular y un consejo encargado de instrumentar el Salario Social Complementario.
Luego de que se produjera el viernes 10 la reglamentación de la ley, las agrupaciones piden ahora que el Gobierno comience a aplicarla en el territorio. Juan Grabois, líder de la CTEP, desligó la responsabilidad de la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, respecto a la falta de asignación de recursos.”Evidentemente alguien no autoriza a ejecutar partidas”, denunció. El dirigente social, cercano al papa Francisco, explicó que “se aprobó una ley que todavía no se implementó y no se erogó un solo centavo de las partidas presupuestarias, que tiene como objeto la lucha contra la indigencia en la Argentina”.
Para los movimientos sociales el obstáculo es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien ya había quedado en medio de los cuestionamientos de la CTEP por la baja de 4.500 programas de Construir Empleo.
Por su parte, el Gobierno convocó a una reunión del Consejo de la Economía Popular para intentar mostrar otro avance en la implementación de la Emergencia Económica. Desde el Ejecutivo buscan definir definir los mecanismos de inscripción, admisión y otros criterios del Registro Nacional de la Economía Popular. Los referentes de las organizaciones quieren inscribir unos 50.000 beneficiarios por mes, hasta llegar este año a unos 250.000, lo que contemplaría los 10.000 millones de presupuesto para 2017. Además de exigir la inmediata asistencia de fondos contemplados en la ley (10.000 millones para este año), también piden un piso equivalente a la canasta básica alimentaria ($6.300) para todos los programas sociales y la entrega de materiales para Argentina Trabaja.
