Desde el inicio de la gestión macrista en diciembre de 2015 hemos asistido a un proceso de “sinceramiento de la economía”, cuyos resultados han sido dispares. A tal efecto podemos observar que el éxito en materia financiera ?por ejemplo, la salida del cepo cambiario, la negociación con los holdouts y el acceso al financiamiento externo- no ha sido trasladado al plano netamente fiscal en el cual aún persisten los viejos demonios heredados de la administración anterior.
En ese sentido, tal vez el peor de los males heredados sea el de la alta inflación y una excesiva masa de funcionarios públicos y de personas cuyos ingresos dependen directamente del Estado (este sobredimensionamiento de la estructura de la administración Pública y del gasto asistencial, a mi parecer, guarda una íntima relación con la alta tasa de inflación, que no parece menguar, dado que hay una desproporcionada cantidad de personas volcadas a actividades burocráticas -o ni siquiera ello- en detrimento de actividades productivas).
Siguiendo con lo dicho respecto del proceso de sinceramiento de la economía, una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en relación a ello ha sido el dictado de una resolución por parte de la Secretaría de Comercio que obliga a transparentar los costos de financiamiento asociados a las compras en cuotas ?básicamente por medio de las tarjetas de crédito? atendiendo así a los reclamos de quienes con razón no encontraban ningún tipo de beneficio al pagar todo de contado. Naturalmente, y como era lógico esperar, al blanquear “el interés oculto” de las llamadas “cuotas sin interés” se bajó el precio de contado, pero se aumentó el precio de las cuotas.
En ese sentido, el ejemplo sirve para graficar de alguna manera como la tarea de la administración pública ?a lo largo de toda su estructura- se ve aumentada significativamente cuando el mercado es per se insuficiente para regularse a sí mismo y crear condiciones más beneficiosas para el público, es decir, para los consumidores ?lo cual no es más que la derivación lógica del principio de subsidiariedad del Estado-.
Ahora bien, y con respecto al caso argentino, en lo que debemos reparar es precisamente en las condiciones o causas que allanan el camino para prácticas distorsivas de la competencia que generan en definitiva un perjuicio para los consumidores. Siguiendo con dicho razonamiento, no caben dudas de que es el mismo Estado el principal responsable de generar las condiciones de poca competencia de la cual constantemente nos quejamos los argentinos ?y los inversores del exterior también?. En línea con lo postulado previamente, al tope de las causas que distorsionan la competencia en el medio local podemos colocar a la pesada carga fiscal, que no hace sino aumentar considerablemente los costos para poner en marcha cualquier tipo de negocio. Consecuentemente, quien invierte en el país buscando una tasa de retorno -aumentada por el riesgo argentino? engrosará asimismo el margen sobre el precio, traduciéndose todo ello en una pérdida de bienestar para los consumidores.
Ahora bien, si los costos de producción y comercialización son altos se podría pensar entonces en la implementación de economías de escala a fin de diluir el peso de la carga fiscal a lo largo de una mayor producción. Nuevamente observamos que ello resulta impracticable por restricciones de índole interna y externa. La restricción interna corresponde al poco volumen que maneja la economía local; la restricción externa corresponde al precio poco competitivo de los productos argentinos. A tal efecto, la implementación de economías de escala en Argentina resulta sumamente riesgosa para los empresarios dado que las restricciones previamente mencionadas hacen que sea muy difícil colocar el stock generado por la sobreoferta.
Siguiendo con lo dicho, son entonces aquellos factores emanados directamente del propio Estado -y no de las particularidades de la naturaleza de algún mercado en especial como sucede en los llamados servicios públicos? los generadores de condiciones de poca competencia al elevar las barreras de entrada para nuevos competidores. En otras palabras, es el mismo Estado quien a través de una política fiscal sumamente ineficiente transforma en mercados oligopólicos a aquellas actividades que en la mayoría de los países se desarrollan en un marco de mayor competencia. Eventualmente, lo dicho no hace sino poner sobre la mesa la cuestión de que las políticas de sinceramiento de la economía que puedan llevar adelante órganos como la Secretaría de Comercio ?como la mencionada previamente en este artículo- chocan con, y son derribadas por, la política fiscal del ministerio del cual dependen, generando así en paralelo un mayor gasto público improductivo al aumentar la burocracia volcada al control de actividades que, en un contexto de mayor competencia, estarían reguladas por el propio mercado.
En definitiva, una política fiscal agresiva en un país con baja productividad y poco volumen ?es decir, bajo consumo? reduce las posibilidades de mayor competencia, inoculizando y tornando así en ineficaces las iniciativas que áreas como la Secretaría de Comercio o la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puedan adoptar al respecto. Naturalmente, la mayor competencia se generaría con barreras fiscales más leves, que no implica realizar una apertura indiscriminada de la economía sino más bien eficientizar o reducir el costo fiscal a fin de que el dinero invertido localmente pueda repercutir precisamente en una mayor producción local, con el consiguiente aumento de la oferta de bienes y de fuentes de trabajo.
