El Gobierno Nacional contará con un menor margen de negociación con los gobernadores este año, en el contraste contra lo sucedido el año pasado. Presionado por la necesidad de reducir el déficit fiscal y tras haber cedido recursos a las provincias en 2016, la capacidad de incrementar los giros a los distritos estará limitada, según un informe de la consultora LCG. Este escenario, negativo de por sí para el oficialismo, se dará en año electoral, cuando la relación con los mandatarios provinciales podría tensarse por la dinámica política, además de la económica.
A través de una serie de acuerdos firmados el año pasado entre las jurisdicciones provinciales y la Nación ?entre los que se destacan el convenio para la devolución (gradual o plena según el caso) del 15% que previamente se detraía de la coparticipación para financiar los gastos de la Seguridad Social (Anses) y la retribución completa en todos los casos del 1% que se dirigía a la AFIP?, las transferencias automáticas a las provincias crecieron más que la recaudación nacional, lo que implica una mejora de la posición fiscal de las provincias en detrimento de la nacional.
Según LCG, el total de los recursos que la Nación transfiere automáticamente a las provincias creció a una tasa promedio para las 24 jurisdicciones del 31% interanual en 2016, tres puntos por encima de la recaudación nacional, que fue de 28% sin contar el efecto del blanqueo, que no se coparticipa con las provincias. Con esto, destaca la consultora, la participación de las provincias en la distribución de los recursos recaudados por AFIP trepó a 29%, un punto por encima de 2015, ubicándose en niveles similares a los de 2005 . En 2017, en tanto, alcanzaría el 30%.
“La situación fiscal de la totalidad de las provincias (junto con la CABA) mejoró notablemente en el último año”, señala el informe y advierte que este escenario de “escasez nacional y holgura provincial genera una matriz de negociación más compleja que en años anteriores, y se hará hábito en los próximos años”.
En ese sentido, hacia adelante la consultora espera que para cumplir la meta fiscal de 4,2%, el Gobierno apele a una menor ejecución o a la postergación de pagos. Dado que en Seguridad Social no lo puede hacer, en obra pública no lo querrá hacer y en subsidios lo está haciendo gradualmente, la única alternativa significativa será recortar gastos en los giros a las provincias. En ese sentido, LCG señala que “seguramente serán las provincias las que sufran gran parte de los recortes a partir de la recepción de menores recursos recaudados por la Nación” y advierte que en el Presupuesto 2017 se contempló un incremento nominal de apenas 13% en los recursos del FONID, una caída real de casi 10% para un fondo que representa 26% de las transferencias corrientes discrecionales a las provincias.
Consecuencias políticas
Si esto sucede, el recorte en las transferencias a las provincias podría redundar en mayores dificultades para el Gobierno en acercar posiciones con los oficialismos provinciales. En el Congreso, ante todo, donde Cambiemos no tiene mayoría ni la tendrá aún con un muy buen resultado en las elecciones venideras.
El dato positivo para el Gobierno será que, al tratarse de un año electoral, el Congreso funcionará mucho menos este año. Asimismo, salvando contadas excepciones como la sanción de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal o el Presupuesto 2018, el programa económico que buscará desarrollar este año el Gobierno no requiere de nuevas leyes como sucedió en 2016. El punto negativo, por el contrario, es que en ambas excepciones están incluidas las provincias y que, más allá de lo que suceda en el plano legislativo, un vínculo roto en lo económico podría derivar en una mayor tensión a nivel político. Sobre todo, en un año electoral donde se celebrarán comicios en todas las provincias.
