El Gobierno nacional estableció hoy, mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado. Se utilizarán cuando se constate alguna relación o vínculo entre las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y los empresarios, que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado.
El primero de los decretos, dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado "asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, para evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la gestión en detrimento del interés público".
Para ello, se constatará que no exista entre los funcionarios y las empresas, así como tampoco con sus directivos o accionistas, "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia; y amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".
En el caso de iniciarse una demanda contra la Nación, la Procuración deberá comunicar la voluntad de actuar “con una antelación no menor a 10 días hábiles” desde de su presentación.
En tanto, el decreto 202/2017 establece la presentación de una "Declaración Jurada de Intereses" para "toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado". Este requerimiento tiene el objeto de descartar vinculación con integrantes del Poder Ejecutivo y abogar por la "transparencia" de las decisiones y la ética de los funcionarios.
Ambos decretos llevan las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
