En menos de un mes, el presidente Mauricio Macri, tuvo que accionar frente a conflictos que intercedían entre sus funciones y el sector privado. Por las repercusiones mediáticas y los cuestionamientos fuera y dentro del propio Gobierno, el Ejecutivo se vio obligado a revisar algunas formas. Las controversias surgidas por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado empujaron a que desde la Casa Rosada decidan anular el convenio alcanzado, pese a que esa iniciativa no frenó las investigaciones en curso. Más recientemente, el Mandatario postergó la concesión de rutas aéreas a Avian, para evitar críticas por un posible conflicto de intereses. Medida que recibió los elogios, por ejemplo, de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Estaban anunciados dos decretos de “autolimitación y transparencia” para contar con un protocolo que indique como accionar frente a casos similares. Los decretos, según pudo averiguar El Economista, se demorarán unos días más. Se publicarán primero en la página de la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, para que puedan recibir aportes antes de que los firme Macri. Una alta fuente de la Casa Rosada le comentó a El Economista que al tratarse de medidas de autolimitación quiere escuchar distintas opiniones para determinar si son suficientes. Uno de los decretos se referirá a temas en los que hay intervención judicial y en los cuales el Estados es actor o demandado. Cuando en esos procesos, como ocurre con el Correo, están involucrados el Presidente o el vicepresidente, tendrán que intervenir como organismos de control a la OA, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. El segundo, decreto será para los procesos de adjudicación. Y puede haber más decretos en el futuro referidos a esta cuestión.
Por otra parte, la diputada radical Karina Banfi, le adelantó a El Economista que desde el oficialismo trabajan en un proyecto que modificaría a la ley de Etica Pública al proponer un régimen de conflicto de intereses que genere un espacio para “prevenir, aclarar e indicar una línea procedimental para evitar conflictos”, y crear “mecanismos que generen previsibilidad y confianza”. Banfi se defiende y señala que estos eventos no son nuevos sino que antes eran escondidos, y menciona las gestiones de la expresidenta Cristina Kirchner con Hotesur y las adjudicaciones por parte del Estado a empresarios a fines. Sostiene a su vez que es positivo que “se le dote de mayores herramientas la Oficina Anticorrupción”, dado que “nos quedamos sin organismos que adviertan sobre conflictos de intereses”, y adjudica responsabilidades a la derogación por parte del kirchnerismo, en 2013, de las funciones de la Comisión de Etica Pública.
“El Presidente decidió apartarse por completo de los negocios de la familia. Doy fe que el no quiere incidir en nada. Estoy muy contenta!”, expresó ayer Carrió, sobre los retrocesos del Gobierno. Avian, nombre por el cual Avianca se presenta en el país, quedó relegada de la adjudicación de rutas por los lazos entre los directivos de la empresa y la familia del Presidente. Según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se debió a que “se va a adecuar en un nuevo proceso donde no se constaten conflictos de intereses”. También quedó postergado el ingreso al país de Fly Bondi, empresa relacionada al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a través del fondo de inversiones Pegasus. Según Dietrich la razón es que se espera “la habilitación de las aeronaves”.
