En los próximos días serán publicados dos decretos en el Boletín Oficial que buscarán regular y generar protocolos en casos en los que pueda existir conflictos de intereses con miembros del Poder Ejecutivo. Había trascendido en los últimos días y fue confirmado por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa durante inauguración de las sesiones ordinarias. A su vez, el oficialismo buscará avanzar con un proyecto de responsabilidad penal empresarial. Pero no será tarea sencilla para Cambiemos. En la comisión de Comunicaciones se seguirá cuestionando a funcionarios por el convenio entre el Estado y el Correo Argentino, mientras que promete crecer el revuelo por la adjudicación de rutas a la línea aérea Avianca, motivo por el cual ya fue imputado el Presidente, su padre, Franco Macri y otros funcionarios del Gobierno.
“Como dije hace unas semanas en la conferencia de prensa, pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses”, dijo el Presidente el pasado miércoles en el Congreso, al sostener que quiere “que todo sea transparente y abierto, que nadie dude de las decisiones que toma este presidente, y mi deber ético es defender el interés público y el patrimonio del Estado”. De esa forma, anuncio la publicación de los dos decretos “sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de intereses”, pero exigió a su vez el avance del proyecto de Responsabilidad Empresaria. El proyecto ingresó a Diputados el año pasado y aun no fue tratado.
Con respecto a los decretos, ya recibieron críticas por parte del FpV. El diputado Guillermo Carmona sostuvo que sería un error del Gobierno avanzar de esta forma debido a que es facultad del Congreso cualquier modificación a la ley de Etica Pública. A su vez, Carmona señaló, en diálogo con este diario, que “un presidente envuelto en un conflicto de intereses no puede él mismo autorregularse”. Uno de los decretos apuntará a que las empresas con contratos con el Estado detallen cualquier tipo de vínculo con funcionarios del Ejecutivo mientras que el restante regulará a aquellas empresas que se encuentren en juicio con el Estado y tengan una conexión con el Presidente o el vicepresidente. Daniel Lipovetzky , diputado del PRO, le dijo a El Economista que al no tratarse de legislación general, y regular únicamente al Ejecutivo, es válido avanzar por la vía del decreto. Y agregó que otro motivo de avanzar de esta forma es la de la necesidad de actuar “con rapidez”. Por otra parte, Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, adelantó que próximamente avanzarán con el debate sobre Responsabilidad Empresaria, norma que ya existe en varios países de la región y que permite la cooperación entre el sector público y el privado y la sanción a empresas en casos de corrupción.
Por otra parte, el 14 del corriente deberá asistir a la comisión de Comunicaciones la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para brindar explicaciones sobre qué es lo que sucedió en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, administrado por el Grupo Socma. Pese a que el Gobierno tomó la decisión de disolver el convenio alcanzado, el presidente de la comisión, Juan Brügge, aseguró que seguirán interrogando a funcionarios que participaron del acuerdo.
