Argentina, el país con más presión sobre sus empresas

 

El país del G20 con la presión impositiva a nivel corporativo más elevada es…sí, acertó: Argentina. En promedio, el “corporate tax” (como se lo conoce en el mundo anglosajón) llega a 37,3%, según un informe que acaba de sacar el Congressional Budget Office (CBO), la oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. Unos 20 puntos más que el 10,1% del Reino Unido, el 14,5% de Alemania o el 16,2% de Canadá. La presión efectiva, agrega el CBO, es 22,6%, sustancialmente más elevada, por caso, que el 4,1% de Corea del Sur.

 

El Economista consultó a Diego Fraga (RCTZZ Abogados), expertos en estas cuestiones, para ahondar sobre la cuestión. “El informe demuestra claramente que Argentina se ha transformado en los últimos años en una de las economías menos competitivas desde el punto de vista fiscal. Si a ello le agregamos que a pesar de tener un Estado elefantiásico (a nivel nacional, provincial y municipal), como contrapartida tenemos servicios públicos esenciales del nivel de un país subsahariano, el resultado es tristísimo”, dice, con tono crítico.

 

“Ya en 2015 –recuerda Fragaun reporte del World Economic Forum advertía que la carga impositiva global en el país llegaba a borrar las ganancias corporativas, colocando a Argentina en el primer lugar en materia de presión fiscal”. Ese puesto se mantuvo en el informe de 2016, y recién 2017 fue el primer año en que bajó (algo) la presión fiscal global.

 

Hay que recordar que con la reforma, allá por 2013, de la Ley 26.893 propiciada por el equipo económico que lideraba Axel Kicillof –para compensar la merma que producía la disminución del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia- se había aumentado aún más la presión fiscal de las compañías al gravarse la distribución de dividendos con la alícuota del 10%. “Afortunadamente, con la Ley 27.260 (que además del sinceramiento fiscal, la moratoria y la reparación histórica a los jubilados, trajo unas pequeñas pero importantes modificaciones impositivas) se volvió a la situación anterior, es decir, a gravarse –a nivel federal- sólo con el 35% las ganancias corporativas”, dice Fraga.

 

Si bien aclara que en sí misma no es mala idea gravar la distribución de dividendos para estimular la reinversión de utilidades, “con las alícuotas vigentes en ese entonces era un delirio (a lo que cabe sumar la vigencia de impuestos subnacionales súper distorsivos, como Ingresos Brutos)”. Máxime cuando, señala con tino, en el mundo cada vez hay más países dispuestos a bajar las alícuotas para las ganancias corporativas (por ejemplo, Inglaterra, luego del Brexit, o EE.UU., según anunció Donald Trump), para tratar de estimular la radicación de empresas en sus territorios.

 

“Es una pena que –por cuestiones políticas- no se pueda poner en marcha en 2017 una profunda reforma fiscal en el país”, dice Fraga, aunque celebra que el tema se haya colocado sobre el tapete “y que por primera vez en mucho tiempo se haya puesto a cargo de estos temas a profesionales con la experiencia necesaria como para encarar tan difícil proyecto como el actual subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein”.

 

Fraga también valora la Ley 27.264 (Programa de Recuperación Productiva), “una iniciativa loable”, que fue propuesta para bajar la presión impositiva a las pymes, encargadas de emplear al 90% de los trabajadores en el país.

 

“Creo que hay que valorar el sacrificio fiscal que se ha puesto en juego y esperemos que sea fácil para las empresas acceder a los beneficios”, concluye Fraga, aunque lamenta “que para una reforma general parece que vamos a tener que esperar”. ¿Será en 2018?

 

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