“Queremos tener un borrador este año”

 

Entrevista a Paulino Caballero, Subsecretario de Relación con Provincias

 

El Gobierno dio esta semana el impulso para empezar a debatir con las provincias la redacción de una nueva ley convenio de coparticipación, a la que esperan arribar para fin de año con el objetivo de presentarla al Congreso ya en 2018. La propuesta oficial consiste en eliminar el sistema de coeficientes fijos actual y mudar a un régimen de coeficientes móviles basado en criterios objetivos, replicando el modelo de reparto de fondos existente en Australia, donde las transferencias nacionales se calculan en base a la brecha entre las necesidades de gasto y las capacidades de recaudación de cada una de las jurisdicciones, lo que implicará una revisión conjunta de la forma en que las provincias recaudan y gastan.

 

Dos días después de la reunión en la que la Nación presentó a los ministros de Economía provinciales su propuesta, el encargado de hacerlo, el subsecretario de Relación con Provincias, Paulino Caballero, recibió a El Economista en su despacho.

 

¿En qué consiste la propuesta nacional para modificar la coparticipación?

Tenemos que ir a criterios objetivos de reparto. Tener indicadores móviles que tengan en cuenta indicadores de salud, educación, seguridad, Justicia, niveles de pobreza e indigencia; básicamente, calidad de vida en las distintas regiones del país. Tener un modelo de convergencia a que todos los ciudadanos y habitantes del país tengan la misma calidad de vida. Paralelamente, ver la capacidad de recaudación que tienen las distintas jurisdicciones. En función de lo que necesita gastar cada nivel de gobierno y lo que puede recaudar, el esquema de coparticipación va a ir a ecualizar esas diferencias de cada una de las jurisdicciones garantizando una convergencia a la igualdad del desarrollo en las diferentes regiones del país.

 

Entre los modelos que presentaron en la reunión, se asemeja al australiano, entonces.

Claro, la metodología a la que nosotros estamos apuntando es una más a la australiana, que ataca tanto a ingresos como gastos. Desde los ingresos, tenemos un problema porque hay impuestos distorsivos tanto a nivel nacional como provincial, y por eso estamos encarando de manera conjunta entre ambos niveles de gobierno una reforma tributaria. Hay que tratar de darle un poco de oxígeno al sector privado tras un récord de presión tributaria en los últimos años para que el país se pueda desarrollar y crecer con generación de empleo genuino y sustentable en el tiempo. Mientras tanto, por el lado del gasto, se generaron también un montón de inequidades entre las distintas provincias y las localidades municipales incluso. Tenemos que llevar a una misma calidad de vida a todos los habitantes del país, que el servicio –ya sea de educación, salud, seguridad, justicia o acceso básico a vivienda, agua potable y cloacas– esté garantizado y que nosotros seamos los garantes de que así sea.

 

¿Cómo se puede modificar eso teniendo en cuenta la autonomía de las provincias?

Las provincias son totalmente autónomas, ellas pueden decidir en qué gastar, cómo hacerlo y qué calidad de servicios quieren prestar. Lo que nosotros estamos buscando con la política de coparticipación es una igualdad en la asignación de los recursos que recauda la Nación para que los gobernadores sean los encargados después de asignar esos recursos. Socialmente, después, se verá cuál es el resultado que tienen. Lo que estamos tratando de garantizar es una distribución de los recursos de una manera ideal para que se pueda poner una red de contención para todos los habitantes del país y que abajo de eso no pueda estar nadie. De ahí para arriba va a ser gestión de los intendentes y de los gobernadores.

 

¿Hacia dónde irá la discusión en lo que hace a la distribución primaria?

Va a surgir de las necesidades de gasto de cada nivel de gobierno. El Estado Nacional va a ser como una jurisdicción más y se tendrá que determinar cuáles son sus necesidades de gasto y cuáles las de las provincias. No va a ser de coeficiente fijo, como fue en toda la historia del país sino que va a ser variable para evitar los desequilibrios verticales, con lo cual si hay una modificación en la estructura de gastos de Nación y las provincias, el coeficiente también se va a modificar sin necesidad de estar treinta años sin una ley de coparticipación.

 

¿Va a resignar recursos el Estado Nacional?

No necesariamente tenemos que resignar recursos. Hay recursos que transfiere la Nación a las provincias –no solo las transferencias automáticas sino también las discrecionales y otros gastos que hace en los distritos– que los puede dejar de transferir discrecionalmente y que sea a través de la coparticipación, bajo administración de las provincias, que lo pueden llegar a hacer de una manera más eficiente y equitativa que nosotros porque tienen una mayor identificación de lo local.

 

¿Para cuándo esperan tener un borrador consensuado?

Nuestro objetivo es tener para fin de año un borrador avanzado de la propuesta técnica. Luego vendrá un acuerdo político federal, que no va a darse seguramente hasta que no pasen las elecciones, a través del que garantizaremos la adhesión de todas las jurisdicciones. Después irá al Congreso, donde requiere mayoría absoluta de todos los miembros de ambas cámaras y después se verá la implementación. La garantía de éxito es no acelerar los tiempos, no querer implementarlo a partir del 1 de enero de 2018 o 2019. Fueron muchos años de distorsiones, desde 1983 no tenemos una ley de coparticipación seria, con lo cual acelerar los tiempos sería hasta un error estratégico y político. Puede haber un plasfón de cinco a seis años para que trascienda lo político. Quizás no veamos en esta gestión la aplicación plena de esta ley, quizás sí.

 

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