por Pablo Mira (*)
El flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el miércoles las metas fiscales para los próximos tres años. El cronograma prevé una leve reducción del déficit primario de 4,6% del PIB en 2016 a 4,2% en 2017, y luego una baja más agresiva a 3,2% en 2018 y 2,2% en 2019. Estos anticipos moderan un poco la propuesta original de Alfonso Prat-Gay (nunca formalizada) de reducir a cero el déficit primario hacia el fin del mandato del Gobierno actual.
Las motivaciones para anticipar resultados fiscales son variadas. Si el público en general, y los inversores en particular, aceptan la señal de una menor presión para emitir deuda en el futuro, esto debería ser entendido como una baja tendencial en el costo de financiamiento. La reducción del costo del capital traería a su vez, como consecuencia, un mayor gasto de capital de los privados. La reducción del déficit se comunica con antelación para que esta inversión se produzca lo antes posible.
El anticipo también puede entenderse como un compromiso extra respecto de la menor misión monetaria y su supuesto efecto sobre la moderación de los precios. Presuntamente, en una economía con menos inflación se reducen las distorsiones y resulta más fácil elaborar planes de negocios, y eso induciría una mayor inversión.
Un tercer posible efecto es rubricar la responsabilidad de promover una mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado, para generar ahorros. Presumiblemente, se podría ejercer la política pública con mayor productividad y menores recursos.
Es importante tener en mente que estos efectos “market friendly” operan indirectamente. Se requiere que el sector privado confíe en el cumplimiento de las metas, que los inversores consideren que esto mejora el ambiente de negocios y que actúen en consecuencia invirtiendo más. Las ganancias de eficiencia en el Estado, se sabe, requieren décadas para tener un efecto reconocible.
Por otra parte, estas repercusiones positivas deberían compensar las consecuencias “heterodoxas” de las políticas de reducción del déficit, asociadas a un menor gasto y a una menor actividad económica. Más aún, si la baja del déficit primario se dispone mediante una baja del gasto público, el impacto negativo de la demanda agregada sobre el PIB afectará el ingreso y la recaudación, obligando a que la baja del gasto deba ser proporcionalmente mayor para alcanzar la meta. Esta dinámica perversa la han sufrido las economías periféricas de Europa al aplicar los planes de ajuste fiscal propuestos por la “troika” (el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea).
Anticipar metas fiscales tiene, además, un costado riesgoso. Obligarse a cumplir una regla a toda costa quita por definición flexibilidad para manejar la política macroeconómica, y también para atender eventuales urgencias sociales o políticas. Si bien la flexibilidad muchas veces se confunde con discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones de gasto, preservar la capacidad de acción es una regla bien establecida de la buena política económica. La política contracíclica es el ejemplo más a mano: instaurar un régimen de metas fiscales caracterizado por una contracción continua y permanente no parece lo más adecuado en medio de una recesión.
Otro riesgo es que si las condiciones coyunturales impiden un ajuste fiscal que cumpla la meta, la credibilidad de la política fiscal sufrirá, y todos los efectos positivos mencionados anteriormente cambiarán de dirección. Se pondrá en funcionamiento, además, la desagradable dinámica de la “inconsistencia temporal”, según la cual el Gobierno, luego de fallar en el cumplimiento de una obligación, pierde credibilidad para su próxima promesa.
“Mejor que prometer es realizar”, dijo alguna vez Juan D. Perón. La frase aplica, en este contexto, no tanto a la exigencia de hacer en lugar de hablar, sino a los riesgos involucrados en los compromisos excesivamente rígidos.
(*) Economista
