por Gerardo García Oro (*)
El desafío de reducir la alta incidencia de la pobreza en Argentina incluye un sinnúmero de aspectos relevantes, entre los cuales se destaca la generación de mercados laborales más inclusivos y el mejoramiento constante en los niveles de acumulación de capital humano de los habitantes. Al respecto, la evidencia ha demostrado cómo la preocupación por estos aspectos deriva, inevitablemente, en resultados promisorios para contrarrestar los factores asociados a la insuficiencia de ingresos en los hogares y una mejora estructural en las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.
A los números
Es difícil imaginar que en un contexto en el cual prácticamente la mitad de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en un empleo precarizado o informal (7,9 millones) o persiste en situación de desempleo (1,7 millones), en suma 9,6 millones de personas, puedan encontrarse soluciones a esta crítica situación del mercado de trabajo mediante la aplicación de acciones aisladas, tales como la discutida estrategia de reducción en las alícuotas de contribuciones patronales ó la implementación de programas de pasantías y acciones de capacitación desconectadas de la realidad productiva propia de cada entorno, y muchas veces, superpuesta con otras iniciativas de capacitación y empleo diseminadas en los tres niveles de gobierno.
Las restricciones en el acceso al mundo del trabajo son tan evidentes y estructurales que entre 2003 y 2016, pese a haber transitado un contexto de generalizado crecimiento económico (a pesar de algunas intermitencias) creció la proporción de jóvenes que “no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo” (comúnmente denominados como “Ni Ni”) desde 13% al 18% del total de jóvenes de entre 18 y 24 años, respectivamente. En este conjunto se encuentran actualmente casi 1 millón de jóvenes, el 62% son pobres y 7 de cada 10 son mujeres. Su persistencia en la inactividad requiere de estrategias activas de acompañamiento e incentivo para su reinserción laboral y social en la comunidad, con especial perspectiva de género.
Asimismo, desde un aspecto más global puede notarse que la aceleración en el ritmo de crecimiento del empleo público de los últimos años y los problemas arraigados en la actividad productiva del sector privado (fundamentalmente en el sector productor de bienes transables, de potencial exportador o sustitutivo de importaciones) cambió significativamente la composición histórica del mercado de trabajo, habiendo caído en 10 puntos porcentuales la participación del empleo privado transable en los últimos veinte años, absorbida fundamentalmente por la incorporación de personas al sector público, que pasó de representar el 12% del total de puestos asalariados en el año 1996 al 21% actual. Este hecho representa singulares consecuencias adversas sobre la dinámica futura del empleo, la productividad, el salario real y las oportunidades de desarrollo productivo a nivel federal.
La combinación de estos inconvenientes, sumado a una baja productividad promedio del empleo y una excesiva carga tributaria acaban condicionando las oportunidades de formalización y creación de empleos de calidad, hecho que se relaciona intrínsecamente con los altos niveles de pobreza exhibidos en el país. Cabe señalar que, de cada $10 de ingreso familiar, $7 provienen del mercado de trabajo. En los hogares pobres (en los que los ingresos de la familia son insuficientes para superar el valor monetario de la canasta básica) $5 de los $7 de ingresos laborales provienen de empleos informales y precarizados, mientras que entre los hogares no pobres sólo $2 de los $7 provenientes del mundo del trabajo corresponden a empleos de baja calidad.
El camino Iniciar un camino de racionalización del mercado de trabajo y equiparación de oportunidades laborales en la ciudadanía requiere un abordaje de estas problemáticas bajo una perspectiva integral que combine políticas focalizadas sobre las principales afecciones que caracterizan la realidad de cada segmento vulnerable y sea articulada en un contexto federal. En particular, es posible combinar estrategias de promoción del primer empleo entre jóvenes con una dinámica de aprendizaje de oficios y entrenamiento laboral; capacitación específica alineada a la propuesta de inserción laboral y adecuada a las potencialidades productivas de cada región; preparación en habilidades socio-emocionales y acompañamiento a jóvenes vulnerables en su trayecto de reincorporación a entornos educativos y laborales, con especial abordaje sobre la realidad del hogar en que éste se desarrolla; políticas de género para fomentar la participación laboral femenina; además de la discutida reducción en contribuciones patronales.
Es posible tomar lección de los ejemplos destacados de la evidencia internacional y acompañar estrategias paliativas de la crisis del empleo a corto plazo con medidas programadas para alcanzar el desarrollo económico, social y productivo a mediano y largo plazo, acorde con mejoras distributivas, de productividad y satisfacción laboral.
(*) Investigador jefe del área Empleo y Política Social del IERAL de la Fundación Mediterránea
