por Carmen López Imizcoz
El tema saltó al tapete con el lanzamiento de Precios Transparentes: el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, sostuvo que diferenciar el precio al contado del financiado ayuda “a quienes no tienen acceso a un medio de pago electrónico” y que “el 65% de la población hoy no tiene tarjetas de crédito”.
La utilidad de los servicios financieros es clara. La posibilidad de ahorrar ?trasladar consumo presente hacia el futuro? se asemeja a tener una heladera que nos permite guardar algo de pescado para comer al día siguiente. Por otra parte, recurrir a un crédito nos permite suavizar nuestro sendero de consumo a lo largo del ciclo de vida.
En particular, se supone que acceder y hacer uso de servicios financieros formales mejora la calidad de vida porque implica mejores condiciones, menos riesgos, más alternativas y ahorros de tiempo que, por ejemplo, recurrir al fiado de comerciantes, amigos o familiares.
“La inclusión financiera se mide por el porcentaje de personas que acceden a cada servicio financiero y a su uso”, explicaron fuentes del BCRA a El Economista. Es decir, en primer lugar, para estar incluido, no alcanza con tener acceso (lo que técnicamente se conoce como “ser sujeto de crédito”) sino que hay que hacer uso de los servicios. Por otra parte, la seguridad y el ahorro de tiempo asociados a hacer uso de servicios financieros es otra dimensión de la inclusión. Una tercera cuestión a considerar es la cantidad de oferentes de servicios financieros: que haya una amplia gama de operadores. Por último, la conducción del BCRA considera que la inclusión financiera no debe lograrse solo en base a subsidios sino ser sostenible per se.
Las principales variables a considerar son los depósitos, las transferencias, los pagos de servicios o préstamos (por habitante o en relación con el PIB o ambos), el porcentaje de la población que accede a medios de pago electrónicos, seguros o a dinero virtual y la cantidad de cajeros por cada cierta cantidad de habitantes.
En cuanto a los factores que limitan la inclusión financiera, se encuentran las cuestiones normativas (una simplificación normativa alienta el ingreso de nuevos prestadores) y los costos, que pueden reducirse a través de la digitalización y posibilitar así que el otorgamiento de créditos sea sostenible (no subsidiado).
Un equipo integrado por el BCRA y el BID, en el cual interviene la reina Máxima de Holanda, está trabajando en una estrategia nacional de inclusión financiera, para formular un proyecto de ley. “Al margen de la ley, se está haciendo mucho dentro del marco legal vigente”, advierten fuentes del BCRA y enumeran medidas como el impulso de nuevos medios de pago electrónicos, la caja de ahorro gratuita y la simplificación de la normativa para abrir sucursales, que se tradujo en que se abrieron setenta locales en los primeros nueve meses de 2016.
Sin embargo, muchas sucursales estaban en suspenso del tiempo del Gobierno anterior. Por otra parte, “la sucursalización de los bancos no lleva a más inclusión o eficiencia del sistema bancario necesariamente”, advierte Martín Grandes, investigador del Conicet y coautor de “Microfinanzas en la Argentina” (Editorial Temas, 2014). “Acceso, uso y calidad son tres dimensiones igual de preponderantes en una ecuación integral de inclusión financiera”, resalta. La simplificación de la apertura de sucursales facilita el acceso, lo cual no implica consecuente e indefectiblemente el uso y la calidad.
“Estar financieramente incluido significa acceder a los servicios financieros formales, pero también usarlos adecuadamente y que sean de calidad y eficientes para el usuario. También implica que las personas usuarias de servicios financieros obtengan educación para poder aprovechar el uso y mejorar su bienestar”, explica Grandes.
Barreras
Además de la desconfianza en el sistema, el costo de los servicios, la distancia respecto de los puntos de acceso y la documentación requerida, “la inestabilidad macro y la inflación son y han sido un obstáculo” para la inclusión, sostiene Grandes. “También la escasa orientación de los bancos hacia los clientes de bajos ingresos e informales (con excepciones de bancos públicos). Pero principalmente la falta de educación y la penalización excesiva de la informalidad, que llevan a los excluidos a tomar créditos de prestamistas pequeños usureros y, en el mejor de los casos, de ONG”, considera el economista. Por otra parte, el llamado 'peer to peer lending' (P2P), Afluenta y Bondarea, es “muy incipiente” en Argentina.
Un mayor tamaño del sistema financiero no alcanza para fomentar la inclusión. “Un sistema financiero grande ?por su profundidad, liquidez y alcance a personas? no garantiza la inclusión financiera”, advierte Grandes. Por ejemplo, las personas pueden desconfiar de los bancos o no desear blanquear sus actividades. Por otra parte, en contextos de alta inflación, se tiende a ahorrar por fuera del sistema financiero formal, en instrumentos que protegen contra la inflación.
¿RSE o negocio?
“Los bancos privados en Argentina están encontrando lentamente un incentivo a captar clientes de bajos ingresos”, considera Grandes. “El paso que queda es formalizar a los informales sin penalizarlos, dándoles tiempos de transición a la formalidad y mucha educación”, agrega.
Sin embargo, la economista Marta Bekerman, que lleva adelante programas de microcréditos a partir de las ideas del premio Nobel Muhammad Yunus, es menos optimista. “Para los bancos privados sumar clientes de bajo nivel de ingresos (de la llamada 'base de la pirámide') no es negocio, es riesgoso y no rentable”, dice. Por lo tanto, el desinterés persiste.
Fintech y normas
Dos cuestiones cruciales para fomentar la inclusión financiera son los avances tecnológicos y el marco regulatorio. “Mucha tecnología sin un marco regulatorio adecuado e incentivos a la bancarización no servirían de nada”, advierte el investigador del Conicet. “Hay más de un teléfono celular por habitante en algunas provincias y no se disparó el uso de servicios financieros y menos aún del dinero electrónico”, resalta. Más allá de esto, “las tendencias internacionales muestran que el futuro de las finanzas inclusivas estará íntimamente relacionado con la escalabilidad y proliferación que permiten las nuevas tecnologías”, subraya y celebra que la gestión actual del Central venga dando pasos en este sentido.
¿Países modelo?
De 137 países, la Argentina ocupa el puesto 70 a nivel mundial en materia de inclusión financiera, según el Indice Multidimensional de Inclusión Financiera que elabora el BBVA, contemplando acceso, uso y calidad, correspondiente a 2014 pero difundido en abril último. En la región, el país se sitúa en el puesto nueve, luego de Brasil (1°), Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Perú. A nivel mundial, el topten está integrado por Israel, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Japón, Australia, Reino Unido, Suecia, Luxemburgo y Noruega. Pero, advierte Grandes, los casos de éxito no son “exportables”: se deben analizar las fortalezas y debilidades propias del país para diagramar un modelo.
En materia de fintech, el reto, coinciden los especialistas, es alinear la tecnología y la normativa para lograr la escalabilidad. Según el documento “Inclusión financiera en Argentina” del BBVA, publicado en diciembre último, el país enfrenta cuatro grandes desafíos regulatorios. En primer lugar, crear formalmente un marco regulatorio integral para la inclusión financiera que constituya una estrategia nacional. En segundo, lograr una coordinación privada y pública, que incluya al BCRA, los bancos comerciales, las instituciones de microfinanzas, las compañías de telecomunicacionesy demás. Por otra parte, las normas deberían explotar el potencial de los servicios financieros móviles. Finalmente, las regulaciones deberían minimizar los efectos secundarios creados por otras políticas: impuesto a las transacciones financieras, intervenciones en los mercados crediticios, etcétera.
