Entrevista a Carla Majdalani, Consejo Nacional de las Mujeres. Por Florencia Barreiro
El Consejo Nacional de las Mujeres, creado hace 25 años, fue el encargado de diseñar Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019). La ejecución del programa plantea varios desafíos en un contexto en el que el tema de la violencia de género aparece al tope de la agenda pública. Carla Majdalani, directora nacional de Comunicación, Información y Difusión del organismo, le cuenta a El Economista los principales objetivos de la iniciativa y la importancia del empoderamiento económico en las políticas de género.
¿Cuál es la importancia de este plan?
El plan es la traducción empírica en políticas públicas concretas de aquellos derechos consagrados por la Ley 24.685 de Protección integral a las Mujeres. Esta era una deuda desde su sanción en 2009 y, por eso, es un logro haber conseguido a mediados del año pasado ? y en solo siete meses de gestión? el diseño, validación y presentación del plan. Este es un tema que actualmente tiene una legitimidad inédita y hoy, sin duda, la erradicación de la violencia hacia las mujeres es una política de Estado.
¿Cuál es el presupuesto asignado para llevarlo adelante?
Este plan viene con un presupuesto aprobado de $750 millones y creo que esto también le da otra relevancia en términos de la capacidad de generar cambios sustantivos. El Consejo Nacional de las Mujeres venía sufriendo una disminución y subejecución crónica de su presupuesto de hasta el 30% promedio en los últimos tres años.
¿Qué acciones concretas va a generar?
Cerca de $ 600 millones se utilizarán para la construcción de hogares de protección integral y el Consejo dispone de $50 millones por año para la creación de áreas mujer en los municipios, el fortalecimiento de la línea directa 114, el desarrollo de campañas, la atención directa, el seguimiento de los casos y el asesoramiento, entre otras cuestiones.
¿Qué objetivos esperan concretar este año?
Lo que empezamos el año pasado y queremos concretar en 2017 es la adhesión formal de las provincias. Esto implica no sólo la firma y la foto sino un compromiso real de asignar recursos y generar estadísticas oficiales para poder tener una línea de base y medir los avances. Y por supuesto entre las prioridades está avanzar con la construcción de los hogares.
¿Cómo están pensados estos hogares que se llevan la mayor parte del presupuesto?
Nosotros hablamos de hogares y no de refugios porque estos deben ser lugares que respondan a la atención de urgencias pero también y fundamentalmente que sean ámbitos de empoderamiento. Deben ser espacios donde las mujeres puedan empezar a construir un nuevo proyecto de vida. Estamos definiendo el modelo de hogar que vamos a construir.
¿Van a darle especial atención al impacto de estas políticas?
El monitoreo es una parte fundamental del plan. Queremos que este monitoreo no sea solamente nuestro sino apuntamos a que la sociedad civil pueda evaluar los avances y las posibles deficiencias de su ejecución. Esto se va a realizar mediante un Consejo Consultivo. Además apuntamos a robustecer todo el sistema estadístico.
¿La falta de estadísticas es una dificultad?
Es un tema muy desafiante porque específicamente con el tema de violencia de género es necesario completar la información disponible. El registro actual de los casos de violencia y de los femicidios los hace la sociedad civil- específicamente la Casa del Encuentro- con reportes de la prensa. También hay una estadística de la Corte Suprema que se basa en reportes de la Justicia pero, también, hay que fortalecerla.
¿Cuán importante es el empoderamiento económico?
Nuestro enfoque se basa en el empoderamiento integral y por eso el empoderamiento económico es clave para salir de un vínculo de violencia. Es muy importante que las mujeres puedan generar sus fuentes de ingresos. Por eso contemplamos una serie de acciones en coordinación con los distintos ministerios ya sea el de Producción, Trabajo o Desarrollo Social. En este sentido apuntamos a la capacitación y también a la generación de microcréditos para emprendimientos sustentables.
Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables al desempleo?
Varios datos relacionados con el contexto económico muestran mayor vulnerabilidad de las mujeres. Desde la brecha salarial que en comparación con los hombres y en nuestro país es del 27%, hasta situaciones de la economía informal. Por eso en el Consejo estamos también siguiendo de cerca el tema de la generación de igualdad de oportunidades, más allá del foco puesto en la violencia. Sin duda, la prioridad de la gestión está dada por el hecho de que una mujer es asesinada cada 37 horas. Pero también estamos atentos a los otros aspectos que tienen que ver con la igualdad sustantiva.
¿Trabajan en conjunto con el sector privado?
Con el sector privado no tenemos formalmente establecido un canal. Pero estamos cerca de algunas iniciativas de empresas que apuntan desde la responsabilidad social empresaria a mejorar la situación y la empleabilidad de las mujeres en situación de violencia. Creo que uno de los desafíos es establecer un vínculo más fluido con el sector privado porque el empoderamiento económico es clave.
