Por Héctor Rubini USAL
El reciente corte de la Ruta Nacional 7 en Diego de Alvear, provincia de Santa Fe, obliga a reconsiderar la falta de obras y políticas concretas respecto del desastre hídrico en extensas áreas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
La película
El fenómeno de El Niño afectó entre 2013 y 2015 a esas zonas con lluvias muy superiores a los promedios históricos, que se combinó con la reducción permanente desde los '80 de pasturas y la eliminación de árboles para aumentar la superficie cultivada con soja. A esto contribuyó la fuerte suba del precio internacional de la oleaginosa, impulsada por el aumento de la demanda de China, y una política agrícola local que no incentivó otras actividades.
Como se observó entre 2008 y 2015, se desalentó la producción de trigo, carnes y lácteos con controles burocráticos y restricciones a la exportación. Con menos rentabilidad relativa, fenómeno nada nuevo en el agro argentino, la mayor presión tributaria nacional, provincial y municipal completó un cuadro en el que la rentabilidad de grandes establecimientos, y la supervivencia de dueños de pequeñas superficies, se sostuvo gracias a la soja. La tendencia hacia el monocultivo de esta oleaginosa, con mínima o inexistente rotación de cultivos, dejó en la última década y media menor vegetación capaz de absorber y evaporar excedentes hídricos. Resultado: a la acumulación de cada vez más agua en la superficie se sumó la suba de las napas subterráneas. Hoy no pocos pueblos y ciudades de la pampa húmeda enfrentan anegamientos y caída de pozos ciegos y, también, parte de las edificaciones.
Ese proceso llegó a un pico crítico en el segundo semestre del 2016 cuando la reflejamos en algunas notas. Y la solución no es inmediata. Exige un largo proceso de cambio de prácticas agrícolas, con rotación de cultivos ?renunciando a rentabilidad en el corto plazo? y una red de obras para canalización y redireccionamiento de aguas superficiales y subterráneas.
El desafío
Lo primero exige un cuidadoso esquema de incentivos tributarios con costo fiscal, que pareciera estar fuera de la agenda de los gobiernos de las tres provincias y del Gobierno. Lo segundo, un megaplan de obras, respecto de lo cual se observó interés del Gobierno a mediados del 2016. Inclusive se accedió a financiamiento de organismos internacionales, y algunos municipios recibieron asistencia y maquinaria para paliar problemas puntuales.
Sin embargo, las lluvias de este verano no sólo refutaron pronósticos de una eventual sequía sino que evidenciaron la lenta reacción de las administraciones nacionales y provinciales. Poco aportó, además, el gobernador santafesino aludiendo a que Córdoba “le tira el agua”, como si el núcleo del problema fuera sólo de pequeños canales clandestinos. Llama la atención, además, que no planteara ningún reclamo formal contra la provincia vecina.
Esto tampoco significa mérito alguno de las autoridades cordobesas. Al igual que sus pares santafesinos, en las últimas dos décadas aumentó la presión tributaria, no redujo el gasto público ni el déficit provincial, y la opción de aliviar la situación con consorcios canaleros ofreció apenas un paliativo. Hasta ahora los resultados proveyeron cierto alivio, y no muy convincentes, sobre todo en zonas como las de Cavanagh y Corral de Bustos. A su vez, la situación de la laguna La Picasa, que ya es crítica en Diego de Alvear, exige una solución rápida y coordinada entre Córdoba, Santa Fe y el Gobierno. Ya no hay más margen para parches parciales y de corta vida.
Pérdidas y agendas
Yendo a los números, algunas estimaciones privadas indican que no menos 3,5 millones de hectáreas de estas tres provincias ya no pueden cultivarse por estar bajo agua, o son de imposible laboreo. Estas tierras se encuentran así desde 2016 y, en varios casos, desde 2012. A su vez, otro 1,5 millón de hectáreas no está en condiciones cultivables. Por consiguiente, con un rendimiento estimado de 8 toneladas promedio por hectárea, el sector estará perdiendo ingresos, netos de retenciones, por unos U$S 2.200 millones. A esto que caber la recaudación no captada por impuesto a los Ingresos Brutos para las tres provincias, y por retenciones a la exportación para el Estado.
Las fotos satelitales de las últimas semanas que se pueden ver por Internet muestran además un triángulo formado por centenares de espejos de agua entre el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sudoeste de Santa Fe. Construir una red de canales subterráneos para toda esa zona es de un costo hasta ahora imposible de calcular. Huelga decir que también ameritarían obras análogas áreas históricamente inundables de las provincias mesopotámicas. Tampoco es novedad que es imposible afrontar su financiamiento sin un fuerte aumento de la deuda pública externa.
Sin embargo, a mayor demora, más extensión de áreas bajo agua, y mayor será el costo explícito a pagar. En la transición, se sumarán otros costos, asociados a la quiebra de productores, cierre de establecimientos ganaderos y tamberos, probable expansión de enfermedades, caída de la actividad económica y del empleo en los pueblos afectados, probable aumento de actividades delictivas, e inevitable emigración a otros pueblos y grandes ciudades.
Una lamentable realidad que los gobiernos nacionales y provinciales de los últimos 25 años se negaron a ver, y que tomaron la cuestión del cambio climático y del monocultivo de soja como una distracción menor. Lo relevante pasó a ser, luego de 2002, gravar con retenciones a la exportación para sostener programas de supuesta redistribución populista. La realidad mostró que las retenciones no llegaron a ser el tributo de mayor recaudación, y se llegó a 2015 con un récord histórico de pobreza que costará revertir. Una realidad ya permanente, no transitoria, acompañada por una insidiosa prédica antiagro entre 2008 y 2015, políticos y comunicadores bastante desinformados y ciudades edificadas sobre la propia pampa húmeda.
A esta altura ya no queda margen para seguir perdiendo tiempo. Si no se revierte el lamentable “dejarse estar” de los gobiernos anteriores, Argentina puede quedarse no sólo con cada vez menos soja para exportar y sostener la oferta de divisas, sino con cada vez menos tierra cultivable. Un verdadero desastre que se debe revertir de una buena vez, y sin la miopía habitual de pensar sólo en los próximos comicios.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
