El Gobierno fue nuevamente blanco de un aluvión de críticas luego de que trascendiera la decisión del Ministerio de Trabajo de solicitar juicio político para los magistrados del fuero laboral que fallaron en enero a favor de los trabajadores bancarios al exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con las cámaras del sector en noviembre de 2016. “Es un hecho de inusitada gravedad institucional que merece nuestro repudio”, señalaron desde la Asociación Bancaria y advirtieron que sufren “un hostigamiento que violenta el orden constitucional”. “No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino”, se defendió Enrique Arias Gibert, uno de los camaristas apuntados por el Gobierno.
Si bien el conflicto salarial con los bancarios ya había sido resuelto el jueves al sustituir el acuerdo firmado en noviembre por uno menos pretencioso ?24,3% anual en vez de 24% por tres meses?, pero igualmente excesivo para el techo de aumentos que pretende instalar el Gobierno ?20%?, el Ministerio de Trabajo decidió dar un paso más para evitar que se repitan situaciones similares e intentar mantener a raya las paritarias.
El ministro Jorge Triaca solicitó enjuiciar por “incumplimiento de la Constitución Nacional”, “arbitrariedad y falta de imparcialidad” y “negligencia grave” ante el Consejo de la Magistratura a Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, los magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo que habían instado a cumplir el primer acuerdo. El Ministerio “interpreta que los jueces se excedieron en sus funciones al involucrarse en un acto administrativo como la homologación de un convenio colectivo de trabajo entre un gremio y la representación patronal, que es una facultad propia delegada por ley al Ministerio de Trabajo”.
Ante esta medida, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, señaló que se trata de “un hecho de suma gravedad”. “Enjuiciar a dos jueces no porque dieron un fallo definitivo, sino porque establecieron una cautelar para que nos pagaran los que habían firmado es de una gravedad inusitada que consolida los rasgos autoritarios del Gobierno”, sostuvo. El líder gremial dijo que la decisión oficial no tiene más fundamento que el de “amedrentar” a la Justicia laboral, pero consideró que “van a lograr el efecto contrario”.
En el mismo sentido, la comisión interna del fuero laboral manifestó su “más enérgico repudio” a la decisión del Ministerio de Trabajo y consideró que se trata de “un hecho más tendente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del Gobierno Nacional”. “Los judiciales nacionales en general, y particularmente los de la Justicia Nacional del Trabajo, no vamos a dejar que corran a nuestros jueces con amenazas veladas o explícitas y estaremos siempre en la primera línea de denuncia y lucha contra cualquier intento de colonización de los estrados judiciales”, añadieron en un comunicado.
El propio camarista Arias Gibert objetó que “los jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, porque pueden producir la desaparición de la división de poderes”, y agregó que “si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento”. Arias Gibert sostuvo que en sus 28 años de magistrado dictó resoluciones que “no le gustaron al gobierno de Menem, ni al de De la Rúa, ni al de Duhalde, ni al de Kirchner”, pero que “nunca ocurrió algo así en democracia”.
