Mientras los rumores sobre un nuevo programa de blanqueo laboral toman fuerza y el Gobierno insististe con la necesidad de reducir los costos laborales, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tuvo ayer su primera audiencia con el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Según se informó oficialmente, la reunión estuvo orientada a “coordinar políticas de promoción del empleo y formalización laboral” lo que da la pauta de que, efectivamente, el 2017 será en el año en el que se lanzará un nuevo régimen nacional de regularización, cuyo último antecedente data de tres años atrás.
En su corto período en el poder, Dujovne ha manifestado en más de una oportunidad su intención de reformar el sistema tributario, de modo tal que se reduzcan los “impuestos al trabajo”, figura con la que se refiere a las contribuciones que deben pagar los empleadores por cada trabajador registrado.
Estos aportes y contribuciones incluyen ?según el detalle que consta en la web del Ministerio de Trabajo? el descuento por jubilación (16% sobre el salario), PAMI (2%), obra social (5%), asignaciones familiares (7,5%) Fondo Nacional de Empleo (1,5%), seguro de vida obligatorio (monto fijo) y ART (que varía según la cotización que haga la aseguradora en base al riesgo del empleo). Es decir que, sin incluir la ART, los aportes superan el 32% sobre el salario bruto del trabajador. Por otra parte, el empleado debe aportar 11% de su salario para su jubilación, 3% para PAMI y 3% para la obra social. “El 35% (de los asalariados) es informal, en buena medida porque hay algunos sectores que no pueden enfrentar la carga tributaria”, dijo Dujovne, dando su propia explicación de por qué el Indec midió, para el tercer trimestre de 2016, 33,8% de trabajo no registrado (que asciende a 40,3% en el Noroeste, por ejemplo).
Ayer, durante la reunión entre Triaca y Dujovne los ministros comenzaron a acercar ideas, y tal como lo confirmó el Ministerio vía redes sociales, hablaron sobre políticas de promoción del empleo y de formalización. Si bien en el círculo de Triaca se excusaron señalando que todavía no hay “nada pasado en limpio”, admitieron frente a este diario que dentro de la cartera se están definiendo iniciativas que para formalizar trabajadores, que proyectan presentar este año.
Antecedentes
La última iniciativa de este tipo ? que todavía se encuentra en vigencia? se hizo en mayo de 2014, cuando se sancionó una Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La norma establece un esquema de incentivos y penalidades para inducir a los empleadores a contratar de acuerdo a la legislación laboral.
Para las microempresas de hasta cinco empleados, ofrece una reducción del 50% en las contribuciones patronales, con la excepción de las obras sociales. En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, la reducción es del 25%.
Para empleadores del sector privado cuya dotación de personal sea de hasta 80 trabajadores este régimen, que fue prorrogado en agosto pasado por el Gobierno hasta el 31 de julio de 2017, ofrece una reducción transitoria de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas relaciones laborales. Para empresas de hasta 15 trabajadores la reducción alcanza al 100% durante el primer año de cada nueva relación laboral y del 75% durante el segundo año. Por su parte, los empleadores que tengan entre 16 y 80 trabajadores se benefician con una reducción del 50% durante los primeros dos años de cada nueva relación laboral.
A julio de 2015, la ley había generado la regularización de 350.000 trabajadores y la creación de otros 203.000 puestos, mediante la acogida al régimen de 180.221 empleadores, la gran mayoría de ellos de pequeñas firmas. De todos modos, las estadísticas de la OIT muestran que el mayor avance en materia de regularización del empleo se dio en el período 2003-2012 (cuando el empleo no registrado pasó de 49,1% a 34,6%) y después el índice se mantuvo prácticamente estancado.
Esta iniciativa funcionaría en sistema con el relanzamiento del plan de Primer Empleo, iniciativa oficial para el estímulo de la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años, trabado en el Congreso desde abril de 2016.
