El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el sistema de riesgos de trabajo generó más polémica por el procedimiento elegido para ponerlo en vigencia que por los cambios que plantea. El proyecto, consensuado incluso con la CGT, tenía media sanción de la Cámara Alta, pero finalmente se publicó ayer, transformado en decreto, en el Boletín Oficial.
La bienvenida
El apuro por poner nuevas reglas por decreto se somete a la posibilidad de que se cuestione su constitucionalidad. Florencia Eisner, Associate Analyst de Moody's, consideró como positivos los cambios para las aseguradoras y fue clara en este sentido: “El éxito del mismo dependerá de que exista amplia aceptación y de que no se declare inconstitucional ?como ha ocurrido en el pasado?, ya que en tal caso la litigiosadad continuaría poniendo en jaque al sistema”.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificó la urgencia del decreto del Poder Ejecutivo y explicó que la nueva normativa va en beneficio directo del empleado. “Los trabajadores tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y actualmente hay 90 días de demora para que les otorguen un turno en las audiencias de las comisiones médicas”, señaló en declaraciones radiales. Los pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios alcanzan los US$ 4.500 millones.
Los números
Hay coincidencia en que el sistema que funcionaba bajo la ley vigente era inviable y que, en los últimos años, el crecimiento de los juicios era exponencial. La alta litigiosidad desestabilizó el sistema y el funcionamiento de las ART. Los nuevos juicios iniciados en el Sistema de Riesgos de Trabajo alcanzaron un valor máximo en 2016 de 139 demandas cada 10.000 empleados cubiertos, según la estadística de la cámara que agrupa a las ART. Ese nivel se compara con 117 juicios cada 10.000 detectados en 2015; 105 en 2014 y 96 durante 2013.
Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, reconoció en declaraciones a FM Latina que “muchos abogados se hicieron ricos a expensas de los trabajadores” y sostuvo que, quien “más padece el tema es el trabajador” que “no cobra lo que tiene que cobrar pero tampoco tiene el tratamiento de la enfermedad o del accidente que merece por parte de las prestadoras de riegos del trabajo”.
A pesar de la urgencia en el decreto, la implementación no será sencilla. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá sacar la reglamentación antes de marzo y se deberá poner en funcionamiento todo el esquema de comisiones mé dicas. La ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe son las cinco jurisdicciones más críticas que se espera adhieran rápido a este nuevo esquema para que pueda ser exitoso.
Cambios claves
Una de las principales modificaciones ?y que es la que más anima a todo el sector de las aseguradoras? está en la creación de Comisiones Médicas Jurisdiccionales que funcionan como “una instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente” para que el trabajador solicite u homologue las indemnizaciones, antes de dar curso a cualquier acción legal. Estas comisiones deben expedirse en sólo 60 días.
También se establece un nuevo cálculo de indemnizaciones. Aparecen cambios en los coeficientes que determinan los montos y se dispone un mecanismo de ajustes de los salarios ?por variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables)- para “evitar los efectos de los procesos inflacionarios”.
Asimismo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo deberá presentar un proyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral para que sea evaluado por el Consejo Tripartito Consultivo, que está integrado por miembros del Gobierno y representantes de los trabajadores y las aseguradoras.
