Punto de vista: Jorge Colina, de IDESA
El gran dilema del 2017 es cómo acelerar la reducción del déficit fiscal con medidas que sean neutrales para la población. En otras palabras, cómo reducir aquellos vestigios de gasto público redundante e inefectivo. El Estado Nacional tiene mucho de este gasto enquistado en lo que se conocen como los programas nacionales.
Estos programas son partidas del Presupuesto Nacional asignadas a los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Medioambiente, Seguridad, Energía, Transporte, etcétera, que vienen desde larga data, todos los años se renuevan de manera inercial y tienen como objetivo teórico hacer alguna acción que constitucionalmente le corresponde hacer a las provincias, pero las provincias ?en la visión del Estado Nacional? no las hacen o las hacen mal.
¿Por qué siguen?
Así es como con estos programas se reparten entre las provincias recursos para hacer obras puntuales en escuelas, hospitales, cordones cuneta, algún camino secundario, algunas viviendas, pagar parte de las remuneraciones de docentes, trabajadores de hospitales públicos, repartir ayudas asistenciales en personas en estado de necesidad, repartir elementos para escuelas, insumos y medicamentos para centros de salud y hospitales, ayudas para cooperativas y organizaciones populares, etcétera.
Toda una parafernalia de acciones tan desordenadas y poco articuladas como la enumeración anterior. ¿A qué se debe el desorden? A que son iniciativas que se acumulan en un proceso aluvional, en el cual las sucesivas gestiones no revisan la utilidad de los programas existentes sino que crean nuevos, superpuestos con los heredados.
En la justificación de su existencia se alude a su función social. En realidad, es una declamación porque no se sabe con certeza a qué ciudadanos llegan esos recursos y en qué proporción, pero se sabe con certeza que mucho se diluye en burocracia y empleo público redundante. Más importante aún es que, más que un bien en su función social, estos programas posiblemente estén haciendo un “mal” social.
El motivo es que constituyen apenas un monto marginal de lo que las propias provincias y municipios asignan a funciones sociales pero, aun siendo marginal, diluye responsabilidades. Esto es, cuando las provincias saben que pueden recibir dinero o especies desde estos programas nacionales dejan de asignar recursos propios a esa finalidad y distraen la gestión de sus propios recursos para estar en Buenos Aires haciendo otras gestiones a fin de obtener estos fondos marginales. Cuando los fondos se demoran o directamente no llegan y el servicio no se da a la población, comienza el cruce de reproches entre funcionarios nacionales y provinciales para dirimir quién tuvo la culpa.
Una oportunidad
La urgencia de equilibrar las cuentas públicas es la oportunidad para modernizar el sector público. Para avanzar en la modernización es fundamental terminar con los programas nacionales. Argentina es un país federal por opción propia histórica. Por eso, a nivel central habría que limitarse a medir resultados e informar a la población sobre la gestión de las provincias. Esto va a incentivar a los funcionarios provinciales a dedicarle más tiempo a gestionar sus recursos propios (que son la mayoría), menos a las gestiones en Buenos Aires y, fundamentalmente, a hacerse cargo de sus propios resultados.
