El blanqueo de capitales dio cierto margen a las cuentas públicas. Según el Ministerio de Hacienda, los recursos obtenidos por AFIP el mes pasado sumaron $ 275.542 millones, lo que implicó una suba de 90% en términos anuales. La recaudación vía exteriorización de capitales explicó alrededor de un tercio del total, convirtiéndose en el principal recurso del fisco en diciembre. Como resultado, los ingresos tributarios superaron los dos billones de pesos el año pasado, acumulando un incremento de 35% anual (7 puntos más que un escenario “sin blanqueo”) y asegurando el cumplimiento de la meta fiscal.
Más allá del ingreso fiscal extraordinario, el éxito del blanqueo se “derrama” sobre el resto de la economía. Puntualmente, amplía la base imponible, dinamiza ciertos sectores productivos (construcción, energía, mercado inmobiliario) y facilita el financiamiento del sector público mediante la colocación de títulos. Aún es temprano como para saber el impacto definitivo, pero no puede negarse que algo positivo aportará a la economía local.
Así todo, el frente fiscal sigue siendo un factor de preocupación para el Gobierno. El déficit primario alcanzó los $ 300.000 millones en noviembre (último dato disponible) lo que representa un incremento de 55% respecto al desequilibrio registrado en igual período de 2015. La escasez de recursos producto de la recesión contrastó sensiblemente con la dinámica de gastos. En efecto, el Gobierno liberó la “billetera” en la segunfácil da mitad del año, especialmente en las transferencias al sector público y privado. Las concesiones en materia social, el recorte parcial de subsidios y los acuerdos con provincias respecto a los déficit de cajas previsionales y restitución (gradual) de fondos coparticipables condicionaron la política fiscal. Sin dudas, la gobernabilidad no fue gratuita para el oficialismo.
En parte, el recambio de ministros pretende apuntalar este frente. Esta semana asumieron las nuevas autoridades en el Ministerio de Hacienda y el flamante Ministerio de Finanzas. El primero asumió con los objetivos de reducir la carga tributaria, aumentar la inversión en infraestructura y achicar el déficit fiscal.
Esta aparente contradicción se resolverá en 2017 por el lado más (y lógico). El Ministro Dujovne priorizará cumplir con la meta de 4,2% del PIB para generar credibilidad hacia adentro (disciplina fiscal a mediano plazo que ayude con la desinflación) y hacia afuera (disciplina fiscal que permita acceder a financiamiento suficiente a tasas razonables). En este aspecto, la reforma de Ganancias significó “largar desde boxes” una carrera que además estará marcada por las elecciones de medio término. No obstante, el éxito del blanqueo es uno de los principales Items del lado del haber. También se oficializaron algunos cambios que apuntan al mismo objetivo. Por un lado, se quitó la devolución del 5% a las compras realizadas con tarjeta de débito (estimado en $7.500 millones, cifra similar al costo fiscal extra por la reforma en Ganancias). Por otro, se postergó el recorte de retenciones a la soja previsto para este año.
El rol del Ministerio de Finanzas será clave. Según los lineamientos anunciados por el BCRA, la asistencia al Tesoro no superará los $ 150.000 millones en 2017 (75% de lo transferido en términos reales durante 2016), con lo cual las necesidades financieras (más de 11% del PIB en términos brutos) deberán cubrirse mayoritariamente con endeudamiento. Si bien todavía hay financiamiento disponible, no es un escenario sencillo. Las emisiones de deuda requeridas para cubrir el agujero son elevadas para una economía emergente, lo que ubicaría al país entre aquellos de mayor colocación de títulos por segundo año consecutivo. Ello en un contexto de mayor incertidumbre, tasas globales en probable ascenso y con una Argentina que ya dejó de ser una novedad para los inversores financieros. En este sentido, el gobierno apuesta a que el mercado no le “cobre caro” el tiempo perdido en 2016 con un gradualismo que, de tan pausado, puede haberse confundido con inacción.
