Punto de vista: Eliana Scialabba, economista (*)
El nombramiento de Nicolás Dujovne en la cartera de Hacienda revive las esperanzas de aquellos que aún esperan un cambio en materia de política fiscal.
Sin embargo, a la luz de la evidencia histórica en materia del gasto del Estado, es evidente que los incentivos que tiene la política ?sumado a la posibilidad del manejo discrecional de los fondos? termina en un desequilibrio del Tesoro, que se propaga a toda la economía y, en general, no logra revertirse de manera civilizada, acabando así en una crisis que destruye el capital físico, humano y social.
Argentina, hace más de medio siglo, experimenta crisis profundas producto de problemas de financiamiento de un sector público que ignora sus restricciones presupuestarias y, por las cuales, luego de las“primaveras”, somos víctimas delos más fríos “inviernos” económicos.A fin de ilustrar los resultados,el déficit financiero total como porcentaje del PIB alcanzó: Rodrigazo: 14%; Crisis de la Tablita de J. A. Martínez de Hoz: 11%; Fracaso del Plan Austral y Plan Primavera: 8%;Caída de la Convertibilidad: 7%; y Devaluación de 2015: +6%.
Lo cual muestra que la falta de responsabilidad fiscal es estructural y no distingue las ideologías políticas ni los partidos que ocupen eventualmente el poder.
Una vez identificado el problema,es interesante analizar brevemente como desequilibrios del sector público tienden a propagarse al resto de la actividad económica de acuerdo a como el Gobierno los financie (dado que el “ajuste fiscal” consistente en el reacomodamiento del nivel de gasto al de recursos no es una opción “políticamente viable”):
Aumento de impuestos: Constituye una política fiscal contractiva, más aún teniendo en cuenta que se retiran recursos de sectores en los que la productividad es relativamente alta para asignarlos a gastos del Gobierno que, en general, no producen riqueza.
Endeudamiento interno: El aumento de deuda pública reduce los saldos prestables al resto de los agentes de la economía, lo que presiona las tasas de interés a la suba, generando un efecto crowding-out: se reduce el crédito al sector privado, ergo a las inversiones.
Endeudamiento externo: La financiación obtenida en los mercados internacionales produce un influjo de dólares, que al ser vendidos en el mercado interno, genera una apreciación del tipo de cambio nominal (en caso que trate de un sistema de cambio flexible o semiflexible), lo cual provoca una caída de la competitividad del sector transable de la economía.
Emisión monetaria: Provoca un aumento inmediato de la demanda de bienes y servicios, que al no ser acompañado por el aumento de la oferta de los mismos, deriva en tensiones inflacionarias, las cuales presionan a la baja los ingresos reales, disminuyendo el consumo, y el tipo de cambio real, con similar efecto al mencionado en el punto previo.
Vista la experiencia de la economía argentina, es evidente que la volatilidad del ciclo económico se debe principalmente a los excesos de gastos llevados a cabo por el Estado, el cual no tiene ningún límite al hacerlo.
En este sentido, surge la necesidad imperiosa de que se sancione una Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual contemple el ciclo del producto, permitiendo exceder la restricción presupuestaria del gobierno únicamente cuando la actividad se encuentre en la parte recesiva del ciclo, y como complemento crear un fondo anticíclico para tal fin.
Este mecanismo no solo reduciría la destrucción de capital al momento de las grandes recesiones, sino que además significaría una garantía para las posibles inversiones de expandir el horizonte temporal de negocios, por lo que en definitiva una delimitación del gasto del Estado, generaría un desarrollo sustentable de la economía en general.
(*) En colaboración con Leandro Moro.
