Fueron sancionadas 92 leyes en 2013. 174, al año siguiente. El número se redujo a 125 en 2015, cuando se produjo un cambio de gobierno. 2016, primer año de Cambiemos, con minoría en ambas cámaras, el Congreso sancionó cien proyectos de ley. Como sucedió en los ejemplos anteriores, y ante el escenario legislativo que presenta el actual oficialismo, se espera del 2017 un año sereno en cuanto a la tarea legislativa. Sin embargo, hay intención de avanzar en febrero, en sesiones extraordinarias, con un paquete de proyectos que habían sido señalados por el presidente Mauricio Macri para tratar durante el último diciembre.
Cuando direccionados por Sergio Massa y Máximo Kirchner, la oposición avanzaba con un proyecto común para modificar el impuesto a las Ganancias, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, había aseverado que allí finalizaba la actividad legislativa del 2016, por demás productiva. Por medio de acuerdos se aprobó Ganancias y la emergencia social, pero no se trataron las iniciativas incluidas en el decreto por el cual se anunciaba el período de extraordinarias hasta el fin del año.
Con esa agenda, se buscará retomar la agenda parlamentaria. Entre otros proyectos, se alista la reforma el mercado de capitales, a las ART, la iniciativa para incorporar a la educación obligatoria a la sala de tres años, el régimen de extinción de dominio, de protección de víctimas, la ley de actualización de la cuota alimentaria, el régimen de la publicidad oficial y el nuevo calendario de feriados nacionales, entre otros proyectos, de los cuales la mayoría, ya cuentan con media sanción en alguna de las dos cámaras.
El Gobierno insistirá a su vez, en una cuenta pendiente del año que pasó, pero pensando en el 2019. Se trata de la reforma electoral, proyecto que contaba con media sanción de Diputados y que el peronismo trabó en el Senado, por los avisos de expertos en informática y las diferencias entre los gobernadores. La boleta electrónica es una promesa de campaña del presidente Macri y esperará que pueda ser utilizada en los próximos comicios presidenciales.
El proyecto que se presenta como uno de los protagonistas de este año, podría ser la reforma al régimen penal juvenil, y la baja en la edad de imputabilidad. Desde el Gobierno pusieron el tema en agenda y adelantaron que será el Congreso el que tendrá “la palabra oficial”, y no descartaron que se trate este año, pese a que el plan original anticipado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, era el de debatir la reforma en 2018, fuera del calendario electoral. Sergio Massa y el Frente Renovador, por caso, le exigieron al Presidente convocar a extraordinarias para febrero para tratar el régimen el próximo mes. Iniciativa que anticipa más al año electoral que lo que realmente pueda suceder. La Cámara Alta, por ejemplo, ya aprobó en 2009 un régimen penal juvenil, que perdió estado parlamentario.
Con la misma intención de retomar la actividad, pero esta vez en contra de la voluntad del oficialismo, el FpV exige, a través de la diputada Teresa García, que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, explique ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia la acusación difundida en el diario La Nación, en la cual habría recibido una coima de US$600.000 por parte de un cambista de Odebrecht.
