por Mariano Deagusto, Analista económico de Libertad y Progreso
El Gobierno decidió avanzar nuevamente hacia una mayor presión tributaria, a pesar de las expresiones en público de los funcionarios de ir en la dirección opuesta. Esta vez decidió cortar con la devolución del 5% del IVA a las compras con tarjeta de débito. Si bien la norma era transitoria desde 2001 y se renovaba anualmente, servía como incentivo a la formalización de la economía y le devolvía dinero a los bolsillos de los consumidores, premiando la bancarización de esas operaciones de compra. En los primeros días de la gestión de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Hacienda, la medida presenta varias contradicciones con las intenciones del gobierno de Cambiemos.
El primer punto es que en menos de un mes ya se violaron dos pautas comprometidas en la Ley de Presupuesto 2017 (la anterior fue el cambio al Impuesto a las Ganancias). Todos los economistas elogiamos la sanción de esta norma porque por primera vez en mucho tiempo el Presupuesto no era un dibujo y se iba a cumplir. La devolución parcial del IVA tenía proyectado en el Presupuesto un costo fiscal de $ 7.511,4 millones, aproximadamente 0,08% del PBI. Es cierto que el Gobierno tiene la necesidad de reducir el elevado déficit fiscal, pero elige el camino equivocado cuando, en lugar de reducir el descontrolado gasto público, decide seguir exprimiendo a los contribuyentes con más impuestos. Se esgrimen razones políticas para postergar la reducción del gasto, pero casi nunca ocurre a la hora de aumentar la carga tributaria, a pesar de que esta sea una de las razones del alto costo de los productos argentinos, tal como expresan los mismos funcionarios.
Además, el aumento de la recaudación que se espera con el fin de este beneficio no serán linealmente esos $ 7.500 millones, sino que probablemente este sea un monto menor; ya que muchos pagos que antes se hacían con tarjeta de débito ahora se harán en efectivo, facilitando la evasión del IVA. Es que justamente la medida había nacido en 2001 como un incentivo a formalizar la economía. Ahora el Ejecutivo aduce que la norma quedó “vieja”, ya que el mundo giró hacia medios de pagos electrónicos por lo que no se cumplía el objetivo de la medida. Si no se cumplía el objetivo, probablemente era por la falta de actualización del tope de $ 1.000 a la compra para que se hiciera efectiva la devolución; además de la poca divulgación que tenía este beneficio dado que era desconocido por buena parte de la población. Por lo pronto, que surjan nuevos medios de pago tampoco debería ser una causa para dejar de premiar a aquellos que realizan sus operaciones en regla, en medio de tanta economía en negro. De hecho, el fin del beneficio va en contra de las intenciones de inclusión financiera y mayor bancarización que pregona el BCRA, en lo que parece ser otra descoordinación de la gestión.
Por último, a pesar de que la medida había surgido como transitoria, estaba falta de actualización y solo beneficiaba a una porción de la población, era un aliciente para el bolsillo de los consumidores, sobre todo en un año en que los ingresos reales fueron golpeados. Una familia que gastaba $ 10.000 con tarjeta de débito todos los meses, a fin de año sin la devolución dejará de disponer de casi $ 5.000 para volcar a más consumo o ahorro. Mientras el Gobierno se pregunta cómo dinamizar el consumo en un año electoral, este nuevo aumento de la presión tributaria (que ya es de las más altas de Latinoamérica) no parece ser otra cosa más que un martillazo en su propia mano.
